El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha vuelto a convertir los planes de igualdad en un elemento decisivo de los grandes contratos públicos. La Mesa de Contratación de los Servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas, Fase III (CORA III) ha propuesto excluir a la UTE integrada por Telefónica de España y Telefónica Soluciones como adjudicataria del lote 3, el tramo que concentra los servicios de interconexión de centros de datos, seguridad e Internet para la Administración.

El motivo es que la empresa que aportaba solvencia técnica a la oferta, Govertis Advisory Services (del grupo Telefónica Tech), tiene más de 50 trabajadores y no consta que tenga inscrito en el registro oficial el plan de igualdad que exige la Ley de Contratos del Sector Público para poder contratar con las Administraciones. La Mesa entiende que esto supone una “prohibición de contratar”, lo que deja fuera de juego a toda la UTE. 

Se da la paradoja de que es exactamente la misma causa que ya provocó la anulación del contrato cuando el lote 3 estaba en manos de MaSOrange, tras un recurso impulsado por la propia Telefónica.

El plan de igualdad, requisito clave que no se puede subsanar a posteriori

Según se recoge en el acta de la sesión del 12 de noviembre, la Mesa comprobó de oficio en el Registro de Planes de Igualdad (REGCON) que Govertis no tenía inscrito el plan exigido para empresas de más de 50 empleados. Al tratarse de un requisito personal imprescindible para acceder a la licitación, no se admite su subsanación a posteriori ni su “sustitución creativa”.

La Mesa recuerda que la normativa de contratación pública incorpora desde hace años la obligación de disponer de un plan de igualdad vigente e inscrito como condición de aptitud para contratar con el sector público. La ausencia de ese requisito coloca automáticamente a la empresa, y a la UTE de la que forma parte, en situación de prohibición de contratar.

En este caso, Govertis figuraba expresamente como entidad que integra la solvencia técnica de la UTE liderada por Telefónica. Por tanto, la falta de plan de igualdad no es un detalle accesorio, sino que afecta directamente a la validez de la oferta.

Telefónica intentó sustituir a Govertis, pero la Mesa cerró la puerta

Antes de la decisión final, la UTE de Telefónica trató de salvar el contrato proponiendo sustituir a Govertis por otra empresa del grupo, Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech (TCCT). La compañía alegó que esta filial ya habría desarrollado las capacidades necesarias para asumir todos los perfiles comprometidos en la licitación, incluido el responsable de compliance.

Sin embargo, la Mesa rechazó el movimiento al considerar que, en la práctica, supondría modificar la oferta fuera de plazo y completar la solvencia de la licitadora después del cierre de presentación de proposiciones. Ese tipo de cambios, argumenta el órgano de contratación, vulneraría los principios de igualdad de trato, transparencia y libre concurrencia entre las empresas competidoras.

El mismo obstáculo que ya tumbó a MaSOrange y que persigue a Telefónica

El plan de igualdad se ha convertido en un auténtico campo de minas para las grandes telecos. La misma exigencia formal fue la que, hace unas semanas, provocó la anulación de la adjudicación del lote 3 a la UTE encabezada por MaSOrange, tras un recurso de Telefónica e Indra en el que denunciaban la ausencia de plan de igualdad en una de las sociedades socias. 

Para Telefónica, además, no es un caso aislado. La compañía ya fue excluida recientemente de un concurso de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por no poder acreditar la vigencia del plan de igualdad de otra filial, Telefónica IOT & Big Data, lo que vuelve a situar este requisito en el centro de la batalla por los grandes contratos públicos.

La exclusión del lote de ciberseguridad del Estado llega, además, en un momento especialmente sensible, con el Gobierno como accionista relevante de Telefónica y en pleno debate sobre el peso de la operadora en las infraestructuras críticas del país