Ocho de cada diez autónomos ponen los impuestos en el centro de sus pesadillas económicas y tres de cada cuatro miran a su futura pensión con miedo. Es la principal conclusión del último Observatorio Económico del Trabajo Autónomo elaborado por UPTA España, que toma el pulso al colectivo en un contexto de incertidumbre económica y cambios normativos.

El informe se apoya en una encuesta nacional a 2.000 trabajadores por cuenta propia, realizada a través de cuestionarios ‘online’ estructurados y estratificada por los sectores de actividad más representativos. Las preguntas se organizaron en bloques temáticos, fiscalidad, pensiones, burocracia, salud mental, cotizaciones, economía, competencia y relevo generacional, con escalas que permitían medir la intensidad de la preocupación en cada ámbito. Los porcentajes reflejan cuántos autónomos colocaron cada tema entre sus principales problemas.

En el plano general, el 80% de los encuestados habla de “excesiva carga fiscal”, un 75% confiesa inquietud por su futura pensión, un 60% se declara harto de la burocracia y los trámites, y un 55% admite que su salud mental se resiente por el estrés continuo de la actividad. Además, el 65% mira con recelo al nuevo sistema de cotización previsto para 2026, que genera dudas sobre cómo afectará a sus cuotas y a las prestaciones que recibirán más adelante.

Cuando se baja al detalle por ramas de actividad, el malestar adopta matices distintos, pero el fondo es el mismo. En el comercio, los autónomos soportan un escenario especialmente adverso: a la presión fiscal, que preocupa al 80%, se suma la sensación de competencia desleal que manifiesta el 75%, sobre todo por la actuación de grandes superficies y plataformas ‘online’ que venden por debajo de coste. A todo ello se añade el miedo a una pensión insuficiente, que inquieta al 70% del sector, en un contexto en el que la facturación ni siquiera ha crecido respecto al año anterior y buena parte del consumo se ha desplazado a centros comerciales alejados de los cascos urbanos.

En la hostelería, la tormenta se multiplica. El 78% de los profesionales sitúa la carga fiscal entre sus principales problemas, el 70% denuncia una competencia cada vez más dura, el 72% se preocupa por la pensión que le quedará y el 75% sufre el encarecimiento constante de las materias primas. A ello se suma que un 65% reconoce un alto nivel de estrés físico y emocional, fruto de jornadas interminables, horarios partidos y una actividad que exige estar siempre “a tope”, incluso en los periodos de mayor incertidumbre económica.

El sector del transporte, por su parte, pone el foco en el desgaste físico acumulado tras años al volante o al pie del camión. Un 85% de los encuestados lo señala como una de sus grandes preocupaciones. La fiscalidad reaparece, de nuevo, con un 75% de menciones, y la reforma del sistema de cotización prevista para 2026 inquieta al 72%. No es casual que desde estas actividades, y en particular desde el transporte, se reclame con más fuerza la implantación de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación en profesiones especialmente duras.

Entre los profesionales cualificados, el discurso cambia de escenario, pero no de fondo. La presión fiscal preocupa al 82% y la pensión futura al 78%. A esto se suma un malestar muy concreto: el 75% muestra inquietud por las dificultades para compatibilizar la actividad económica con el cobro del 100% de la pensión, después de que el complemento durante los primeros cinco años de trabajo tras la edad legal de jubilación se haya reducido al 40%. Muchos interpretan este cambio como un desincentivo injustificado a seguir en activo, justo cuando se pide alargar la vida laboral para sostener el sistema.

Más allá de las cifras, el Observatorio lanza una señal de alarma sobre el relevo generacional. La ausencia de continuidad en miles de pequeños negocios se configura ya como un riesgo estructural para la economía. La jubilación masiva de titulares sin traspaso ni sucesión puede provocar la desaparición de una parte importante del tejido autónomo en sectores clave. UPTA advierte de que, si no se actúa a tiempo, podrían perderse negocios de hasta 600.000 autónomos que se convertirán en pensionistas del RETA en los próximos cinco años.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, asume como propias las preocupaciones que refleja el estudio. Recuerda que la organización ha presentado propuestas “muy concretas” para aliviar la situación del colectivo: una reforma en profundidad de la fiscalidad de los autónomos para rebajar la presión impositiva, una mejora del sistema de cotización que garantice pensiones dignas y mejor protección social, la implantación de coeficientes reductores en actividades de especial dureza, la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para incluir de forma real y efectiva a los más de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia, el diseño de un Plan Nacional de Relevo Generacional de carácter interministerial e interterritorial y la prórroga del sistema de estimación objetiva, los conocidos módulos, para dar estabilidad y seguridad jurídica a quienes dependen de este régimen.

Abad lanza también un aviso al debate político, “Lo que no podemos compartir ni entender es que se haga política con los autónomos en un contexto preelectoral. El colectivo, subraya, merece rigor y políticas que aporten estabilidad y soluciones reales, no ruido ni confusión”. Mientras tanto, los datos del Observatorio dejan claro que los autónomos siguen sumando preocupaciones sin que, por ahora, llegue una respuesta a la altura de lo que dicen las cifras.