La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado que la Cámara se persone y presente alegaciones ante el Tribunal Constitucional en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Región.

La ponencia, defendida por el diputado de Vox Rubén Martínez, ha propuesto la personación de la Asamblea en los recursos de inconstitucionalidad contra la citada Ley y la designación de los servicios jurídicos de la Cámara para la representación y formulación de alegaciones. Finalmente, la Comisión ha acordado que dicha representación recaiga en la letrada de la comisión.

El diputado ha recordado que la norma recurrida nace de una iniciativa de Vox y ha subrayado que "se han seguido todos los trámites reglamentarios para la aprobación de dicha Proposición de Ley quedando garantizados y salvaguardando los derechos de todos los grupos parlamentarios y por ende de los ciudadanos de la región de Murcia".

En su informe, la ponencia defiende la personación de la Cámara al entender que el asunto afecta a competencias autonómicas.

"Consideramos de vital importancia participar activamente en este proceso dado que la legislación en cuestión afecta competencias autonómicas y es necesario que se asegure la conformidad con respecto a los principios de derecho que rigen el marco jurídico español ejerciendo efectivamente su derecho a intervenir en la defensa de los principios y valores que guían la actuación de la Asamblea Regional y asegurar que la legislación que afecta a nuestra comunidad autónoma sea conforme con los preceptos constitucionales", ha señalado, antes de "reiterar nuestro compromiso con los valores constitucionales de la ciudadanía de la Región de Murcia".

Entre las observaciones de fondo incluidas en el informe, Martínez ha enumerado, en primer lugar, "la libertad de configuración normativa del legislador autonómico en materia de subvenciones y participación institucional en virtud del Artículo 137 147 y 148 de la Constitución Española".

En segundo lugar, ha defendido que "la Constitución Española no reconoce como derecho fundamental la libertad de la libertad sindical el obtener financiación pública".

Asimismo, ha apuntado que "la ley no suprime la participación institucional y que e edita el ejercicio legítimo de competencias autonómicas porque no estamos hablando como digo de la competencia exclusiva del Estado en materia legislación laboral sino que estamos hablando de diálogo institucional a nivel autonómico".

Según ha expuesto, la norma "no afecta al contenido esencial de la libertad sindical no contradice el criterio de mayor representatividad establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical respeta el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española y reduce la arbitrariedad en el otorgamiento de subvenciones y además la ley 2025 supera con crece el test o la prueba de proporcionalidad constitucional".

Por parte del Grupo Parlamentario Popular solo han recordado que ya dijeron la semana pasada que apoyarían el informe de la ponencia.