El Consejo de Ministros de este martes, 9 de diciembre, aprobará la transformación de Sepes en Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace un año y que nace con el objetivo de actuar como garante del artículo 47 de la Constitución, el que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, adelantó la medida durante la presentación oficial de Casa 47, que asumirá la gestión de todo el ciclo de la vivienda pública: desde la adquisición de suelo y la promoción de los inmuebles hasta la entrega de llaves y la administración de los contratos de alquiler. 

En la misma reunión, el Ejecutivo tiene previsto aprobar también un mecanismo de compensación a propietarios ante impagos de alquiler cuando los inquilinos sean jóvenes o familias vulnerables, en cumplimiento de los compromisos pactados con Junts.

Casa 47: alquileres topados y contratos de hasta 75 años

Casa 47 toma su nombre del artículo 47 de la Constitución y se apoya en cuatro ejes de actuación, planificación, construcción, hacer barrio y atención a la ciudadanía. El objetivo es levantar un parque estable de vivienda pública en alquiler con precios realmente asequibles.

Una de las principales novedades es el diseño de contratos de larga duración, que podrán llegar hasta los 75 años. El esquema prevé un primer contrato de 14 años y prórrogas automáticas de 7 años siempre que se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso.

El precio del alquiler se fijará en función de la capacidad económica de los inquilinos y no del coste de construcción. La regla general es que ningún hogar destine más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, tomando como referencia el salario medio de cada territorio y aplicando factores correctores donde no exista tensión en los precios.

Para acceder a estas viviendas se establecerán requisitos económicos. Por un lado, podrán optar personas con rentas de entre 2 y 7,5 veces el IPREM, es decir, aproximadamente entre 1.200 y 4.500 euros mensuales, lo que, según los cálculos del Ministerio, permitirá llegar a en torno al 60% de la clase media y trabajadora. A estos criterios se sumarán otros requisitos patrimoniales que el Gobierno detallará más adelante.

Más parque público y un portal único a partir de 2026

Casa 47 no arranca de cero. Incorporará a su cartera viviendas y suelos procedentes de distintos ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior, y, sobre todo, la parte del parque residencial y de suelo de la Sareb: más de 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos con capacidad para construir otras 55.000 casas. A ello se sumará la nueva promoción propia que impulse la entidad.

En paralelo, el Gobierno ha lanzado una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir más viviendas que se incorporarán al parque de alquiler asequible de Casa 47. En lo que va de año, ya se ha licitado la redacción de proyectos para más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio, al tiempo que se han desbloqueado actuaciones de urbanización en ciudades como Sevilla, Ibiza o Valencia, con próximas actuaciones previstas en Málaga y Madrid.

Para simplificar el acceso y la gestión, en 2026 se pondrá en marcha un portal online donde se podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos de cada una y realizar las solicitudes de vivienda de forma telemática.

Isabel Rodríguez ha subrayado que las viviendas que se construyan o se gestionen a través de Casa 47 serán de “calidad” y “dignas”, y que el Gobierno ha introducido mecanismos legales para garantizar que el parque levantado con recursos públicos permanezca siempre en manos públicas y no pueda privatizarse en el futuro. 

La ministra insiste en que el nuevo modelo busca aprender de los errores del pasado: planificar dónde se construye, asegurar precios ajustados a los ingresos reales y reforzar la idea de barrio, con servicios y espacios comunitarios, y no solo de bloques de vivienda aislados.

Un “colchón” para propietarios ante impagos

El segundo gran acuerdo previsto en la reunión del Consejo de Ministros es la aprobación del real decreto de ayudas a propietarios ante impagos de alquiler cuando los inquilinos sean jóvenes o familias vulnerables. La medida, que se articulará como una suerte de seguro público de último recurso, pretende dar seguridad a los caseros que alquilen en estos supuestos y reducir el miedo a los impagos

El presidente del Gobierno ya había avanzado esta iniciativa como una de las peticiones de Junts incluidas en la negociación política, y la ministra de Vivienda ha insistido en que se trata de una herramienta para “dar garantías” y combatir los discursos que alimentan el temor en torno al alquiler.

A falta de conocer el detalle del decreto, la idea es que el Estado asuma parte del riesgo en casos extremos, mientras Casa 47 amplía el parque público y fija un marco de precios y contratos más estable. Gobierno, propietarios e inquilinos se juegan mucho en ese equilibrio: de su funcionamiento dependerá que el mercado del alquiler se acerque algo más al mandato del artículo 47 que da nombre a la nueva entidad.