El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, 9 de diciembre, la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Popular que buscaba dar ayudas fiscales a las explotaciones agrarias para aliviar sus costes de producción. La iniciativa ha caído por el voto en contra de PSOE, Sumar y sus socios de izquierda, pese al respaldo de Junts y UPN, y a la decisiva abstención de Vox, que ha impedido que el texto superara el primer trámite parlamentario. 

La propuesta del PP planteaba declarar el sector alimentario español como sector estratégico esencial de la economía y desplegar un paquete de medidas fiscales para el campo. Entre ellas, aplicar el tipo mínimo permitido de IVA a la energía y a las compras que realizan los productores para desarrollar sus actividades agrícolas, ganaderas o forestales, con el argumento de que el incremento de costes y las nuevas exigencias normativas están poniendo contra las cuerdas a muchas explotaciones. 

Sin embargo, el debate ha acabado convirtiéndose en una nueva tensión política dentro de la propia derecha y en un choque frontal con los partidos del bloque de investidura, que han presentado la iniciativa como un texto “declarativo”, poco concreto y cargado de ideología.

Durante la defensa de la proposición, el portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, Javier José Folch, ha aprovechado su intervención para arremeter contra Vox, al que ha acusado de hacer “populismo” con el sector primario. Folch ha recordado que la formación de Santiago Abascal ha tenido responsabilidades de gobierno en varias comunidades autónomas junto al PP, incluso en consejerías de Agricultura, y que abandonó esos ejecutivos “a la primera de cambio”.

Según Folch, Vox prefirió “salir corriendo” y pasar “a los sillones de la crítica negativa y populista” en lugar de afrontar la gestión y tomar decisiones para apoyar al campo. 

En la réplica, el diputado de Vox Ignacio Hoces ha devuelto el golpe acusando al PP de incoherencia: ha reprochado a los ‘populares’ que impulsen en el Congreso una ley para defender al sector primario mientras, a su juicio, pactan en Bruselas con el PSOE políticas que imponen “limitaciones” a las explotaciones agroganaderas y obligaciones medioambientales que “desprecian a los trabajadores españoles”.

“El campo español lo que quiere es que todos ustedes le dejen en paz, porque los productores españoles compiten con reglas imposibles y los productores extranjeros compiten sin reglas”, ha sentenciado Hoces, justificando así la abstención de su grupo.

La izquierda ve una ley “de ruido” y sin instrumentos nuevos

Desde el PSOE, la diputada Trinidad Carmen Argota ha adelantado el voto en contra de su grupo porque, ha dicho, la proposición “no añade ningún instrumento útil” a los ya existentes, “llega tarde, duplica lo que ya está en marcha” y está diseñada “más para hacer ruido” que para responder a los problemas reales del campo y de la cadena alimentaria. 

El portavoz de Agricultura de Sumar, Toni Valero, ha reprochado al PP que su iniciativa “no aporta certezas ni a agricultores ni a consumidores” y que se limita a trasladar “ideologías de mercado”. Ha criticado, además, que el texto prometa disponibilidad hídrica para todos los territorios, algo que considera “engañar a la gente” y que, en su opinión, compromete la “seguridad hídrica” en un contexto de sequía y cambio climático.

Los socios de investidura han sido también especialmente duros. El diputado de Bildu Mikel Otero ha calificado la ley de propuesta “ideológica” que “no vale un pimiento”, mientras que la portavoz de ERC en materia de Agricultura, Teresa Jordà, ha explicado su rechazo porque la ve “fallida”: no genera obligaciones, no asigna recursos y no modifica ningún instrumento vigente. “Es un marco declarativo”, ha zanjado.

Desde Podemos, Martina Velarde ha denunciado lo que considera una postura “contradictoria” del PP, al presentar en Madrid una iniciativa que dice querer proteger el sector primario mientras en las comunidades donde gobierna impulsa modelos que, según ha dicho, “están degradando los territorios”, como las macrogranjas hiperintensivas.

El PNV detecta luces y sombras y Junts apoya con críticas

En el Grupo Vasco, el diputado Joseba Andoni Agirretxea ha reconocido algunos elementos “positivos” en la proposición, como la creación de mecanismos de alerta temprana, la reducción del IVA de los insumos o el impulso al acceso de los agricultores al mercado de carbono. Pero ha advertido de que la iniciativa tiene un “enfoque centralista” al ampararse en el artículo 149.1 de la Constitución para justificar una planificación económica de alcance estatal, lo que invade en su opinión competencias autonómicas. 

Por parte de Junts, Isidre Gavín ha apoyado el texto, aunque no ha ahorrado críticas: lo considera una propuesta “generalista”, con muchos puntos poco concretos, pero ha defendido su utilidad frente a lo que ha descrito como un “Gobierno gestoría” que se limita a aplicar lo que marca Bruselas y un Ministerio de Agricultura que “no arregla nada”. 

Pese a estos apoyos parciales, el bloque de la izquierda y la abstención de Vox han sido suficientes para frenar la ley en la misma puerta de entrada del Congreso. El pulso por el voto rural y la presión del sector primario seguirá, pero el primer intento del PP de articular un gran paquete fiscal para el campo ha quedado, de momento, en vía muerta.