El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta del Cepyme, Ángela de Miguel. - Diego Radamés - Europa PressLa patronal empresarial ha puesto sobre la mesa su propuesta para el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026. El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE ha acordado plantear una subida del 1,5%, que situaría el SMI en 1.202 euros brutos al mes, en 14 pagas, es decir, 16.824 euros brutos anuales. Una mejora de apenas 18 euros por mensualidad respecto a los 1.184 euros actuales y por debajo de la inflación media, que ronda el 2,7% en los últimos doce meses.
La propuesta, consensuada con Cepyme, incluye un elemento clave: el salario mínimo dejaría de estar exento y pasaría a tributar en el IRPF. Los empresarios consideran que esta subida es “razonable” y “alineada” con la revalorización prevista para los empleados públicos en 2026, y aseguran que respeta los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos: fomentar la negociación colectiva, garantizar un nivel de vida digno, reducir la pobreza laboral, impulsar la cohesión social y contribuir a cerrar la brecha salarial de género.
Desde CEOE y Cepyme insisten en que, para no distorsionar los convenios, condicionan ese 1,5% al mantenimiento de las reglas de absorción y compensación recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, es decir, que los complementos salariales puedan “comerse” parte de la subida del SMI cuando el salario total ya supera el mínimo legal.
Choque con los sindicatos: 1,5% frente al 7,5%
La propuesta empresarial llega después de que CCOO y UGT defendieran un incremento mucho más ambicioso: una subida del 7,5% hasta 1.273 euros brutos al mes, también en 14 pagas, en un escenario en el que el SMI tribute por primera vez en el IRPF. Los sindicatos argumentan que ese aumento es necesario para mantener el compromiso de que el salario mínimo se sitúe en torno al 60% del salario medio en España.
Con estas posiciones ya fijadas, el siguiente paso corresponde al comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, encargado de plantear dos posibles escenarios de subida para 2026: uno con tributación en el IRPF y otro sin ella. El Gobierno tomará la decisión final tras escuchar a patronal, sindicatos y al propio comité.
Una de las claves del planteamiento de CEOE está en el cálculo del salario medio que sirve de referencia para fijar el SMI. La patronal sostiene que, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el salario mínimo ya habría superado el 60% del salario medio neto que utiliza el Ministerio de Trabajo como criterio. Si se toma esa estadística como base, el SMI “estaría hoy un 4,9% por encima de lo que correspondería”, advierten los empresarios.
Las organizaciones que presiden Antonio Garamendi y Ángela de Miguel critican que el Gobierno se apoye en la Encuesta de Estructura Salarial (EES), al considerar que distorsiona al alza el salario medio porque no incluye los sueldos de sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca o el servicio doméstico, precisamente algunos de los ámbitos donde más se concentra el SMI. La EPA, defienden, sí incorpora esos colectivos y ofrece una fotografía “más ajustada” y actualizada, con datos de 2024 frente a una EES referida a 2023.
Tomando como referencia la EPA, la patronal calcula que el SMI teórico para 2025 sería de 15.760 euros brutos anuales, 816 euros menos que los 16.576 euros fijados este año. De ahí derivan su conclusión de que el salario mínimo ya se sitúa por encima del umbral objetivo del 60% del sueldo medio.
Aun así, CEOE y Cepyme aseguran que aceptan plantear una revalorización del 1,5% “por responsabilidad”, pero subrayan que, si se toma como válida la referencia del Ministerio de Trabajo y el SMI ya ha alcanzado el 60% del salario medio, “no cabría realizar ninguna revalorización para el año 2026”.
La pelota queda ahora en el tejado del Gobierno, que tendrá que decidir si se acerca a la propuesta más contenida de la patronal, si se alinea con las demandas sindicales o si opta por un punto intermedio que mantenga el objetivo del 60% del salario medio sin erosionar demasiado el poder adquisitivo de quienes cobran el salario mínimo.






