Comisiones Obreras ha decidido alzar la voz contra el Ayuntamiento de Mula. El sindicato denuncia que el consistorio no garantiza un entorno laboral respetuoso con la igualdad de género ni con los derechos fundamentales de su plantilla, y pone nombre y contexto a su acusación: el caso de una trabajadora municipal, madre monoparental y mayor de 50 años, que encadena años de conflicto, dos sentencias a su favor y un nuevo expediente disciplinario que podría acabar otra vez en despido.

En Las Mañanas de MurciaEconomía Radio, Francisco Saura Pérez, secretario general del sector de Administración Autonómica de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, desgrana lo que el sindicato considera “un calvario” y una historia de represalias por reclamar derechos básicos.

Todo arranca con una baja médica. Durante ese periodo, la trabajadora reclama al Ayuntamiento el cobro de un complemento salarial al que, según CCOO, tenía derecho. El consistorio se lo niega y ella decide acudir a los tribunales.

La justicia le da la razón y el juzgado reconoce su derecho a percibir el complemento durante la baja, recordando que el sistema de bienestar está precisamente para proteger a las personas enfermas. “Si estás de baja no puede haber un tipo de discriminación. El Estado social en el que vivimos busca proteger la enfermedad y a la gente que está enferma”, explica Saura.

Pero, según el relato del sindicato, la historia no termina ahí. Poco después de ganar el juicio, el Ayuntamiento prescinde de ella. “Se la despide pudiendo seguir trabajando. Nosotros consideramos que fue una represalia por haber solicitado sus derechos”, sostiene el dirigente sindical. “A veces, en algunas administraciones, exigir lo que te corresponde se convierte en un estigma".

La trabajadora recurre el despido y se abre un segundo frente judicial. De nuevo, la justicia falla a su favor. El juzgado declara nulo el despido, ordena su readmisión, reconoce una indemnización de 7.000 euros y aprecia vulneración de derechos fundamentales.

Saura resume así el criterio del juez: “Básicamente, el juzgado entiende que a esta mujer se la despidió como represalia por el primer juicio. Establece una relación causa-efecto entre la reclamación de derechos y el despido posterior".

Tras la sentencia, la empleada es reincorporada a su puesto. Pero, según Comisiones Obreras, la situación lejos de mejorar se deteriora todavía más. El sindicato habla de un “acoso importante” mantenido en el tiempo y explica que la trabajadora se encuentra actualmente de baja por enfermedad.

Un nuevo expediente disciplinario

Pese a los dos pronunciamientos judiciales, CC OO denuncia que el Ayuntamiento de Mula ha abierto ahora un nuevo expediente disciplinario con la intención de volver a despedirla, incluso mientras continúa de baja. “No contentos con dos sentencias, el alcalde ha presentado un expediente sancionador simple y llanamente para despedirla de nuevo”, afirma Saura. “Se le atribuyen hechos que no responden a la realidad y que, en algunos casos, se producen cuando ella está de baja y ni siquiera puede responder".

Para el sindicato, no hay dudas: se trata de una persecución laboral. “Consideramos que se está vulnerando la ley y que existe una persecución clara. Si finalmente la despiden, estamos convencidos de que el juzgado volverá a decir que es una represalia”, sostiene el responsable de CCOO.

Un modelo de bajas médicas que el sindicato tacha de discriminatorio

La denuncia de Comisiones Obreras no se limita al caso individual. El sindicato cuestiona también el marco interno con el que el Ayuntamiento de Mula gestiona las bajas por enfermedad de su personal. Se refiere a un acuerdo con la representación sindical para el periodo 2022-2025, en el que se establece que, tras 18 meses de incapacidad temporal, si en los tres años siguientes el trabajador vuelve a entrar de baja podría perder las mejoras económicas sobre las prestaciones de la Seguridad Social, salvo decisión expresa del consistorio.

Saura considera que este diseño abre la puerta a la discriminación y la arbitrariedad. “El Ayuntamiento se permite decidir si una persona tiene derecho o no a mejoras en las prestaciones cuando vuelve a estar de baja. Eso es una discriminación. No tiene sentido que alguien que ha pasado por una enfermedad grave y ha estado 12 o 14 meses de baja pierda después esa protección.”

En el caso concreto de Mula, subraya, se trata además de una mujer que ya ha tenido que acudir varias veces a los tribunales. “Se está discriminando a una mujer simplemente por haber exigido sus derechos. Nos parece una barbaridad”, insiste.

Una trabajadora “psíquicamente destrozada”

Sobre las consecuencias personales de este conflicto, Saura lo tiene muy claro: “La compañera está destrozada. Psíquicamente está muy dañada, está de baja y se le ha expedientado incluso por hechos que suceden cuando ya estaba de baja.”

Para el sindicato, la prioridad debería ser que la trabajadora pudiera recuperar su salud y desarrollar su trabajo con normalidad, sin miedo a nuevas sanciones. “Lo único que quiere es que se la deje trabajar y que cese esta persecución que dura ya cinco o seis años. Cuando un poder público actúa contra una persona, es muy difícil que esa persona esté serena”, lamenta.

“Hay ayuntamientos tóxicos”

Saura reconoce que el caso de Mula no es, por desgracia, una excepción aislada. Asegura que en muchas administraciones públicas hay situaciones de acoso y persecución que chocan frontalmente con la imagen de ejemplaridad que se les presupone. “Sabemos que puede sorprender, pero estos casos son más normales de lo que parece. Hay protocolos de acoso laboral, pero muchas veces se utilizan para proteger a la institución o al cargo, no a la víctima”, denuncia.

El dirigente sindical habla incluso de “ayuntamientos tóxicos”, donde las normas existen sobre el papel pero no se aplican en la práctica. Y advierte de una doble victimización, ya que “las víctimas de acoso están desprotegidas y, además, el sistema que se supone que debe protegerlas termina victimizándolas por segunda vez".

Lo que pide CCOO

Ante este escenario, Comisiones Obreras reclama un cambio de fondo. Saura insiste en que la normativa estatal, incluida la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, ya ofrece un marco de protección suficiente, pero que el problema está en cómo se aplica, o más bien, en cómo no se aplica.

El sindicato exige que esa legislación deje de ser un simple decorado y se convierta en una herramienta real. Que se cumpla de verdad la normativa de igualdad y no discriminación, que los protocolos de acoso no se utilicen para ganar tiempo o blindar a los cargos, sino para actuar con rapidez cuando hay un conflicto, y que se forme y se sensibilice a quienes gestionan personal para que entiendan que un centro de trabajo tiene que ser un lugar seguro, no un foco de miedo. Saura defiende que los entornos laborales deben favorecer el trabajo en equipo, la estabilidad y la salud mental de la plantilla, y no empujar a la gente al límite.

“Los centros de trabajo son lugares donde la gente pasa buena parte de su vida. No pueden convertirse en focos de acoso o de miedo. Cuando hay entornos seguros, la gente trabaja mejor y no enferma”, resume.

Mientras tanto, los servicios jurídicos de CCOO ya analizan el expediente abierto a la trabajadora del Ayuntamiento de Mula. El sindicato avanza que, si el consistorio mantiene la intención de despedirla, volverán a los tribunales. “Si esto sigue adelante, el Ayuntamiento se va a encontrar con una denuncia por persecución, y va a ser una denuncia fuerte”, avisa Saura.

Más allá del caso concreto, CCOO promete seguir vigilando posibles discriminaciones en la administración local y en otras instituciones, y seguir peleando para que la igualdad, la dignidad y los derechos fundamentales no se queden en papel mojado.