La Asamblea Regional de Murcia ha rechazado este miércoles, 10 de diciembre, la propuesta del PSOE y del Grupo Mixto para modificar el Reglamento de la Cámara y obligar a que el presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, y sus consejeros se sometan, por norma, a dos sesiones de control al mes. De este modo, se mantiene el modelo actual, con un único pleno mensual de preguntas al jefe del Ejecutivo, mientras las dos sesiones acordadas recientemente por la Junta de Portavoces siguen dependiendo de la voluntad de la mayoría parlamentaria y no de una obligación reglamentaria.

La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista y respaldada por el Grupo Mixto, en el que se integra la portavoz de Podemos-IU-AV, María Marín, defendía la fijación de un “mínimo democrático” que impidiera que el control al Gobierno dependiera de la mayoría política del momento. La reforma buscaba alinearse con la mayoría de parlamentos autonómicos, donde el presidente se somete a preguntas cada quince días, frente a la única sesión mensual que se celebra actualmente en la Región de Murcia.

La portavoz socialista, Carmina Fernández, cargó con dureza contra el uso que, a su juicio, hace el PP de un Reglamento “lleno de lagunas” para “blindar a López Miras, debilitar el control parlamentario y silenciar a la oposición”. Denunció retrasos de meses e incluso años en las respuestas a peticiones de información de los diputados y avanzó que su grupo recurrirá a los tribunales por vulneración de derechos fundamentales. “Cuando en un Parlamento los diputados tienen que ir a los tribunales para que el Gobierno conteste, estamos ante un Reglamento inútil en su función y ante un Gobierno que desprecia el control”, advirtió, anunciando que utilizarán “todas las herramientas políticas y jurídicas” disponibles.

Fernández vinculó además el debate de hoy con la anterior legislatura, marcada por episodios de transfuguismo, y sostuvo que la reforma del Reglamento de 2019 dejó “demasiadas zonas grises” que han permitido al PP usar la interpretación reglamentaria como un “escudo” al servicio del Ejecutivo, desde bloquear comparecencias hasta permitir que solicitudes de documentación queden, según denunció, sin respuesta durante años. A su juicio, el texto actual permite "incluso aprobar leyes sin un solo informe jurídico o técnico", un extremo que el PP no comparte y que forma parte del choque político de fondo.

Desde el Grupo Mixto, María Marín calificó al Ejecutivo de López Miras como “el menos controlado de España”, apoyándose en informaciones comparativas sobre las sesiones de control en otros parlamentos. Recordó que en Baleares se celebran cuatro plenos de control al mes, en Madrid tres y en comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha entre dos y tres, mientras que en la Región de Murcia “solo uno”, y reprochó que hasta cinco consejeros no hayan intervenido en el Pleno durante el curso pasado. “No solo esconden al presidente, también a sus consejeros”, lamentó. 

La respuesta del Partido Popular llegó de la mano de su portavoz parlamentario, Joaquín Segado, que rechazó la modificación y acusó a PSOE y Grupo Mixto de intentar “rediseñar el Reglamento para que la Asamblea funcione al ritmo de sus obsesiones y no al ritmo de las necesidades de la Región”. Defendió que la propuesta es “populista”, porque “vende como más control lo que en realidad es más bronca y bloqueo”, y aseguró que es “rotundamente falso” que el presidente se sustraiga al escrutinio parlamentario. Según Segado, López Miras se sitúa “entre los que más viene a rendir cuentas de toda España”, con cerca de 60 comparecencias entre debates generales, plenos de control y sesiones monográficas en las últimas legislaturas.

El PP subrayó además que el Reglamento de la Asamblea ya sitúa a la Región de Murcia entre las comunidades que exigen, como mínimo, un pleno mensual de preguntas al presidente, junto a Aragón y Extremadura, y reivindicó la necesidad de mantener una norma “estable, seria y equilibrada”. La dirección popular sostiene que, más allá de lo que marca el articulado, la Junta de Portavoces ya ha acordado la celebración de dos sesiones de control al mes y que “no es necesario reescribir el Reglamento cada vez que la oposición quiere un titular”. 

Vox, socio de gobierno del PP en la Región, se alineó con los populares y contribuyó con sus votos a tumbar la iniciativa. El diputado Alberto Garre defendió que “no procede” abrir ahora el melón del Reglamento y compartió la tesis de que el objetivo de la reforma era someter al presidente a un “acoso parlamentario” quincenal, en lugar de centrarse en los problemas de empleo, sanidad, agua o financiación que, según dijo, preocupan realmente a los ciudadanos.

El trasfondo del debate va más allá de la mera agenda de plenos. Para el PSOE, la negativa de PP y Vox evidencia que “el problema no es la agenda, es el miedo a rendir cuentas”. Fernández esgrimió que la mayoría de parlamentos autonómicos han consolidado sesiones de control cada quince días o incluso semanales, mientras que en la Región de Murcia la fórmula de un único pleno mensual responde, a su juicio, a un “diseño político: menos control, menos explicaciones, más impunidad”. Frente a ello, reclamó una reforma más profunda del Reglamento que blinde el derecho de los diputados a la información, limite los abusos de la urgencia y la lectura única y cierre la puerta al “premio político al transfuguismo”.

PP y Vox, en cambio, presentan la votación de hoy como un cortafuegos frente a lo que consideran una estrategia de la oposición para convertir la Asamblea en una prolongación de la confrontación estatal. Segado recordó que buena parte de las mociones del PSOE se centran en criticar al Gobierno central y acusó a los socialistas de “ignorar los problemas urgentes de la Región”. Entre un relato y otro, lo que queda claro es que la batalla por el Reglamento se ha convertido en un nuevo frente en la pugna por marcar los ritmos y la profundidad del control al Gobierno murciano en la XI Legislatura