En un receso del pleno de control en la Asamblea Regional, Carlos Albaladejo, diputado del Partido Popular, atiende a Las Mañanas de MurciaEconomía Radio para hablar de educación, acceso a la universidad y el papel de la formación profesional en la empleabilidad de los jóvenes. Lo hace en un momento en el que el debate educativo vuelve a estar en el centro de la agenda nacional.

Albaladejo defiende que la propuesta de una prueba de acceso a la universidad más homogénea no es una reivindicación exclusiva de su partido. A su juicio, responde a una demanda social amplia. “No es una cuestión propia del Partido Popular. Lo que pedimos, como piden los padres, los alumnos y casi el sentido común, no es una prueba única, sino una prueba lo más unificada posible, con criterios comunes en todas las comunidades autónomas”, señala.

El diputado pone el foco especialmente en el nivel de exigencia y en los criterios de corrección. “No tiene sentido que un alumno que se examina en un lugar lo haga con baremos distintos a los de otro territorio”, resume. Recuerda que, hace dos años, la primera moción que debatió en la Comisión de Educación y Cultura ya iba en esa línea: armonizar fechas, contenidos curriculares y criterios de calificación para garantizar un terreno de juego más equilibrado en todo el país.

Una EBAU más exigente tras la etapa Covid

Albaladejo sostiene que el modelo que se venía aplicando arrastraba todavía características introducidas durante la pandemia, especialmente la elevada optatividad en los exámenes. “Con motivo de la COVID se ofrecieron muchas opciones dentro de un mismo examen y eso abría la puerta a una permisividad que facilitaba en exceso el camino al alumno”, opina.

Según el diputado, la nueva configuración de la prueba reduce esa optatividad y eleva el listón. “La sociedad necesita universitarios bien preparados, con capacidad crítica y un razonamiento propio de las tareas a las que se van a enfrentar. Para tener esos universitarios, hay que exigir más en bachillerato y la nueva EBAU va en esa dirección”, defiende.

FP en la Región de Murcia: más plazas y demanda al alza

Cuando la conversación se desplaza hacia la formación profesional, Albaladejo dibuja un diagnóstico relativamente optimista para la Región de Murcia. “El estado actual de la FP en la Región no es malo y, además, tiene tendencia a mejorar”, asegura.

Aporta cifras: en el curso actual se han ofertado 46.800 plazas de FP, 3.000 más que el año anterior. Si se compara con la situación de hace tres años, la oferta ha crecido un 45%. El objetivo de la legislatura, recuerda, es alcanzar las 50.000 plazas en 2027, compromiso anunciado por el presidente Fernando López Miras en la propia Asamblea Regional. “Es una oferta histórica para responder lo máximo posible a las demandas del tejido social y, sobre todo, empresarial de nuestra región”, subraya.

Albaladejo destaca además que la práctica totalidad de esas plazas se cubren cada año, con vacantes “meramente testimoniales”. Para él, ese dato es una señal de que la oferta está alineada con las necesidades reales de las empresas y de los sectores productivos.

Prácticas y burocracia: críticas al Gobierno central

El diputado popular se detiene en un punto que considera clave para la empleabilidad: el sistema de prácticas en empresas. “En cualquier sistema moderno de formación profesional, las prácticas están en la médula espinal. Si hay algo que no se debe hacer es atacar el sistema de prácticas”, advierte.

Critica la decisión del Gobierno central de obligar a dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos en prácticas, aunque la medida viniera bonificada en buena parte. “Las empresas ya van sobrecargadas de burocracia y ahora, si acogen alumnos, se les complica todavía más la vida”, lamenta. Recuerda que, pese a la bonificación, una parte de la cotización, “entre el 5% y el 10%”, calcula, quedaba a cargo de las empresas y que, en la Región de Murcia, ha sido la Administración autonómica la que ha asumido ese coste. “El compromiso era que el Gobierno de España lo compensara, pero, a día de hoy, acabando el año, eso no se ha producido”, denuncia.

Frente a este modelo, Albaladejo reivindica un sistema dual que combine aula y empresa y facilite la incorporación al mercado laboral. “Es importante impartir conocimientos básicos en el aula, pero estamos hablando de formaciones muy técnicas: fontaneros, electricistas, mecánicos, camareros, cocineros… profesiones muy demandadas”, enumera. Y añade una idea que repite con insistencia: “La mejor manera de formar a una persona es estando en el tajo. Es ahí donde realmente se aprende, y se lo dice un profesor”.

En su opinión, la empresa también sale ganando cuando se implica en la FP dual. “No será la primera ni la última vez que un alumno en prácticas se queda en la empresa. Ese alumno se forma con los protocolos y la cultura de la propia compañía y, si demuestra valía, el empresario no lo va a dejar escapar”. Incluso llega a afirmar que “habría que hacerle un monumento a cada empresario que se mete en este berenjenal” de acoger alumnos y colaborar con el sistema educativo.

Oferta adaptada a los sectores estratégicos

Preguntado por la capacidad de la Región para cubrir la demanda de perfiles técnicos en sectores como la logística, la agroindustria, la tecnología o las energías renovables, Albaladejo insiste en que la FP no se diseña “desde el despacho del consejero”, sino en permanente diálogo con sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones sectoriales.

Pone como ejemplo la colocación de la primera piedra de un nuevo centro de formación profesional concertado con la patronal del metal, FREMM. “La oferta de FP en la Región se acuerda con los sectores industriales, empresariales y comerciales para adaptarse a lo que realmente necesitan. Por eso, año tras año, la mayoría de las plazas se completan”, afirma.

LOMLOE, “otra ley socialista” y un debate incompleto

La entrevista se cierra con una mirada más política sobre el marco general del sistema educativo. “La LOMLOE no deja de ser otra ley socialista. Los profesores estamos cansados de que se nos cambien las leyes casi solo de nombre, sin corregir los errores de fondo”, afirma.

Su principal crítica se dirige a los criterios de promoción de curso. “No es de sentido común que los chavales pasen de curso con asignaturas suspensas. Les estamos haciendo un fraude, los estamos engañando. Cualquier oyente sabe que no se puede pasar de curso con materias sin aprobar”, sostiene.

El diputado considera que la ley “nació caduca” y que el propio Gobierno que la impulsó se ha visto obligado a rectificarla parcialmente con refuerzos de lengua y matemáticas o anunciando ahora una regulación sobre el uso de pantallas en clase. “La LOMLOE, que es relativamente reciente, no decía nada de nuevas tecnologías ni del uso de dispositivos en el aula. Tuvo que ser la Región de Murcia la primera en regular las pantallas electrónicas en los centros educativos. El ministerio llega tarde”, reprocha.

También cuestiona la forma en la que se tramitó la norma. Recuerda que la ley se aprobó el 22 de diciembre y critica que “hurtara el debate social”. “Ese día la sociedad no está pendiente de una ley orgánica de educación. Lo estamos el sector, los profesores, los partidos y los sindicatos, pero los demás no”, apunta. Y añade que la ley no fue al Consejo de Estado, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que “el único objetivo fue derogar la ley anterior del Partido Popular, que ni siquiera llegó a aplicarse”.

Más que otra ley completamente nueva, Albaladejo reclama estabilidad y consenso. “Hace falta una norma que se retoque para abordar los nuevos problemas que plantea la sociedad, pero que dure décadas y no obligue cada curso a los equipos docentes a preguntarse con qué criterios se titula o cómo se promociona”, concluye.