El Gobierno encara la recta final del año con dos decisiones de alta importancia industrial y estratégica. Por un lado, la autorización para que Indra complete la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros. Por otro, la firma de los contratos asociados a los programas de modernización militar que el Ministerio de Defensa se comprometió a dejar atados antes de que termine 2025.

La compra de Hispasat, pendiente del “ok” político

Según las previsiones manejadas, el Ejecutivo podría autorizar la operación en el Consejo de Ministros del martes 16 de diciembre, aunque el Gobierno aún tendría margen adicional para hacerlo antes de acabar el año. El visto bueno se da por prácticamente descontado en el mercado por un motivo tan simple como determinante. El Estado es el principal accionista de Indra, con un 28% del capital a través de la SEPI.

En el plano regulatorio y corporativo, el camino ya está bastante despejado. La CNMC autorizó la operación en primera fase y sin condiciones, y la junta de accionistas de Indra aprobó la compra a finales de noviembre. La transacción no se limita al operador civil. Incluye también el control de Hisdesat, la rama de satélites militares de Hispasat, una pieza especialmente sensible por su papel en comunicaciones gubernamentales y de defensa. 

En paralelo, el Ministerio de Defensa aseguró que las órdenes de ejecución de los 31 programas de modernización militar quedarían firmadas antes de fin de año. Ese hito, según el propio planteamiento del Gobierno, reforzaría el mensaje de que España habría destinado en 2025 el 2% del PIB a seguridad y defensa. 

Para prefinanciar estos programas, el Ejecutivo ha concedido 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses. El reparto sitúa a Indra como gran beneficiaria, con 7.944 millones ligados a programas en los que participa como contratista principal, en solitario o con socios, además de la parte que pueda corresponder a Hisdesat una vez se cierre la compra. Airbus suma 4.030 millones (con un programa compartido con Indra de 350 millones) y Navantia, 2.292 millones. Urovesa y Santa Bárbara Sistemas (GDELS) figuran con 132 y 176 millones, respectivamente. El marco normativo de esta prefinanciación se encuadra en los Programas Especiales de Modernización vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, según recoge el BOE.

El otro foco en Indra, la operación con EM&E

Como telón de fondo, Indra mantiene otra carpeta abierta que también mira al negocio de defensa. Su consejo de administración acordó por unanimidad que la potencial operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) es “coherente” con la estrategia del grupo, basándose en análisis internos y en el apoyo de asesores externos como Oliver Wyman y Renaissance Strategic Advisors. La propia compañía ha subrayado, no obstante, que ese paso no equivale a aprobar la operación.