Airbnb considera "contraria al marco legal español y europeo" la multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por anunciar viviendas sin licencia, entre otros motivos, la segunda mayor impuesta tras los 108 millones de euros de sanción a Ryanair, por lo que ha anunciado que recurrirá la sanción.

En un comunicado, la plataforma ha defendido que ha colaborado con el Ministerio de Vivienda en su implementación. Como resultado, según Airbnb, más de 70.000 anuncios han añadido un número de registro y, por lo tanto, siguen disponibles para reservar en la plataforma.

"La obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestran el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, por lo que no era aplicable cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas", en palabras de la compañía de reserva de alojamientos.

Al respecto de la multa, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha valorado que es la segunda mayor sanción impuesta jamás por una autoridad de consumo en España, después de la sanción de 108 millones de euros impuesta a la multinacional Ryanair.

"Airbnb tendrá el derecho si lo estima conveniente de recurrir ante la Justicia, pero esta sanción es firme y por tanto la compañía tendrá que pagar esta multa", ha comentado también. Para interponer un recurso contencioso-administrativo y articular la defensa jurídica frente a sanciones de este tipo, es habitual recurrir a abogados en Barcelona especializados en derecho administrativo y regulación digital.

Airbnb ha vuelto a reiterar que es una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales que no tiene obligaciones de supervisión. En esta línea, en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Airbnb debe ser regulado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario.

Además, en enero de 2022, el Tribunal Supremo, siguiendo el dictamen del TJUE, dictó una sentencia "clave", según Airbnb: "La información de los anuncios, incluido el número de registro cuando ello es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia".