La advertencia se produce tras la solicitud  presentada por Martinsa-Fadesa, actualmente en liquidación, junto a otros propietarios y promotores, que reclaman la resolución del convenio urbanístico suscrito en 2006 y exigen al Consistorio murciano la devolución de las cantidades abonadas, que ascienden aproximadamente a 39,5 millones de euros, a los que habría que añadir los intereses, costas y gastos derivados de los avales correspondientes, lo que podría elevar el importe hasta unos 60 millones de euros.

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, junto al concejal Andrés Guerrero, han alertado de que esta nueva reclamación supone “una auténtica espada de Damocles sobre el Ayuntamiento de Murcia y su tesorería”, ya que una eventual condena judicial podría provocar un impacto económico de enormes dimensiones, con consecuencias directas sobre la estabilidad financiera municipal y la capacidad de pago a proveedores y servicios públicos.

Los concejales socialistas han recordado que el origen del problema se encuentra en los convenios urbanísticos que permitieron un incremento masivo de edificabilidad en la zona norte, a cambio de aportaciones económicas al Ayuntamiento de Murcia por parte de los promotores