España es el único país en Europa donde se ha instaurado una práctica ilegal, la usurpación de viviendas de propiedad privada -okupación- como un problema de Estado en el que, lo más grave, es que las reformas legislativas y la doctrina del Tribunal Constitucional, que deberían evitarlo, avanzan en el sentido opuesto a garantizar que los delincuentes sean desalojados en tiempo récord. A cambio, los ciudadanos de a pie, que sufren el problema, denuncian (lo que no significa que el dato no sea mayor) un total de 45 ocupaciones diarias, en las que Cataluña representa el 42% de los casos, un total de 7.009 sólo el año pasado. 

Y, sin embargo, lejos de actuar en consecuencia, de proteger el derecho fundamental de la propiedad privada, como en cualquier Estado democrático que se precie, las autoridades españolas han optado por demonizar los desalojos inmediatos y defender, si es que existe alguna forma de hacerlo con algo de lógica, que el problema de la vivienda, que han creado ellos, conlleva estas cosas. Vamos, nada sobre atajarlo y sí mucho de quedarse en el eslogan populista para dummies, pero una cosa es la teoría y otra, muy diferente, la realidad que a medida que avanza el tiempo resulta menos esperanzadora. 

Si no que se lo digan al ciudadano que, de un día para otro, se ve privado ilegítimamente de la casa que con tanto sacrificio compró para vivir con su familia o de la que incorporó a su modesto patrimonio para, una vez al año, un mes en vacaciones, poder escaparse a la playa, gracias a una hipoteca que paga religiosamente todos los meses; o, de aquella otra que logró sumar a sus bienes para dejarla a sus hijos en el futuro, cuando decidan volar solos. Ese ciudadano debería tener la certeza de que si sufre la usurpación, la invasión o la inquiocupación de alguna de sus casas,el peso de la ley caerá de manera inmediata sobre quienes le han arrebatado lo que es suyo; y, además, tener claro que se le compensará por todos los daños, incluso morales (puestos a hablar de salud mental en períodos electorales) que le hubiesen podido causar la angustia, la preocupación o la incertidumbre de no saber cuándo podrá recuperar aquello que, como sociedad, tendríamos la obligación de reponerle, por el mero hecho de que le ha sido arrebatado en contra de su voluntad o por la fuerza.

Porque si a ese mismo ciudadano le hubiesen robado el coche a punta de navaja, cualquier español estaría de acuerdo en que lo exigible sería que las fuerzas del orden persiguiesen a los ladrones para interceptar el vehículo y devolverlo a su legítimo dueño. ¿Cómo es posible, entonces, que desde ciertas tribunas políticas instaladas en una perversa atalaya de superioridad moral puedan calificar un desalojo de un edificio okupado como violencia de Estado? ¿Cómo desde la izquierda, y desde la extrema izquierda, puede criticarse el cumplimiento de la ley frente al delito, como le ha ocurrido al señalado alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, esta semana? 

Ante este escenario cabe preguntarse cuál es el motivo para haber pasado de la estrategia de que lo mejor con las ocupaciones inmobiliarias -que a la larga provocan inseguridad, agresividad, alteración de la convivencia y del orden público, suciedad, delincuencia… en los barrios más afectados- es no hacer nada a defender, activamente, a quienes han decidido saltarse la ley porque les asiste el derecho constitucional a una vivienda digna aunque para llegar a esta conclusión sea necesario retorcer la interpretación jurídica, como si del mismo se derivase una obligación activa del resto a proporcionársela a aquellos que no han hecho nada para merecerla o para ganársela. 

Es tal el sinsentido que en nuestro país gracias, precisamente, a las trabas legales que existe -auspiciadas por políticas de inacción, si no de buenismo- para que un propietario recupere la posesión de sus inmuebles ilegítimamente okupados que, de media, el 3% de las viviendas en España ya se venden con ‘bicho’ dentro. Una situación que demuestra cómo miles de propietarios han sido abandonados por las administraciones y ellos solos, a costa de su dinero y de su salud, deben soportar las cargas de los estafadores profesionales buscando, cada vez más, soluciones alternativas fuera de los colapsados tribunales.