Las pensiones volverán a subir. Como ya hiciera en 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez repite estrategia: disparar las prestaciones de los jubilados a las puertas de un año electoral para captar votos. El Ejecutivo ha aprobado para ello un 7% de mejora de las pensiones mínimas y un 11,4% para las pensiones no contributivas, lo que, en definitiva, significa que en España cuanto más trabajas y más aportas, más injusta será tu jubilación. Por no hablar de que, para cumplir con esta medida estrella, el Estado se ha visto obligado a inyectar más de cincuenta mil millones extra de los impuestos de los españoles, generando todavía más deuda pública para pagarlo.

Es decir, a los pensionistas se les suben las prestaciones con el objetivo teórico de que mantengan su poder adquisitivo para contrarrestar la inflación, pero como a los trabajadores no se les deflacta el IRPF, es a costa del poder adquisitivo de los ciudadanos en activo como se mantiene el del otro grupo de población. Lo que hablando en plata significa que, para mantener el estatus privilegiado de nuestros mayores, hemos permitido que los más jóvenes vean reducidas sus oportunidades de ahorro y de progreso. Todo esto sin mencionar cómo toleramos que, para lograrlo, se hayan traspasado recursos desde otras partidas de gasto como educación, infraestructuras, seguridad, sanidad o inversiones. Un expolio intergeneracional se mire por donde se mire.

Decirlo es impopular, pero imprescindible. No se puede obviar por más tiempo que antes contábamos con más del doble de trabajadores para mantener a cada jubilado de los que tenemos ahora. Hasta tal punto, que el estado ya gasta diez veces más en pensiones que en ciencia y tecnología y treinta veces más que en vivienda. Y el problema ya no es tanto el coste de las prestaciones de jubilación, sino la cantidad de dinero que es necesario aportar artificialmente para atenderlas. Si un pensionista cobra hoy más que un trabajador cualificado en activo, es que el sistema no funciona. Porque si el mecanismo es tan sostenible, necesario y solidario como muchos defienden, y un pensionista ha pagado previamente todo lo que va a recibir, entonces no es comprensible que, al mismo tiempo, se penalice por la jubilación anticipada a quien ha cotizado durante más de cuarenta años.

Así las cosas, no es irresponsable decir que España, desde la llegada del actual Gobierno, es cada vez más rehén de su sector público. Solo así se explica la nueva vuelta de tuerca de Sánchez en su búsqueda de votos. El presidente más débil de la historia de la democracia abona el terreno electoral con subidas a más de catorce millones de españoles, si contamos a funcionarios, pensionistas y perceptores del ingreso mínimo vital. Si, además, se añade a quienes cobran el paro y a los beneficiarios de ayudas por incapacidad temporal, los dependientes del Estado ascienden a casi diecisiete millones de españoles.

En definitiva, ante la falta de apoyos parlamentarios, la fragilidad de las relaciones del Gobierno con algunos de sus socios de investidura y los escándalos de corrupción que salpican al entorno político y familiar más directo de Sánchez, La Moncloa trata de contentar a todos aquellos colectivos en los que cree que podrá pescar votos, aunque un buen número de expertos ya ha alertado sobre la dificultad de que este modelo pueda mantenerse. Convendría no olvidar que, si no hay suficientes trabajadores que coticen en el sector privado y el número de autónomos sigue desplomándose -asfixiados por la creciente presión fiscal-, las pensiones no estarán garantizadas. Y un país donde los jóvenes dependen de las pensiones de sus abuelos para llegar a fin de mes, es un país disfuncional. Toca abordar el debate poniendo el foco en lo que realmente importa: gasto público eficiente, equidad intergeneracional y sostenibilidad a medio y largo plazo del Estado del bienestar.