La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) defiende la creación de un mecanismo estatal de compensación para las zonas rurales que soportan con mayor intensidad el despliegue de energías renovables. La propuesta parte de una idea sencilla: la transición energética no reparte sus efectos de forma uniforme y, en algunos territorios, la huella sobre el paisaje y los usos del suelo se concentra mucho más que los beneficios.

El planteamiento aparece en un trabajo de Diego Rodríguez (UCM y Fedea), que reconoce impactos positivos de las nuevas plantas, empleo, rentas vinculadas al arrendamiento de terrenos y tributos locales, pero también costes territoriales, efecto paisajístico y posibles desplazamientos de usos. Para equilibrar ese “saldo”, el informe sugiere un fondo de compensación cuya cuantía sería una decisión política y que podría crecer según la intensidad de ocupación de espacio por instalaciones renovables. 

¿De dónde saldría el dinero?

El estudio descarta que encaje bien en el Fondo de Transición Justa (por su marco europeo y su enfoque histórico en territorios ligados al carbón) y apunta a una vía alternativa: utilizar parte de los ingresos del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), incluso con la futura ampliación del ETS2. 

En el documento se subraya que, tras la reforma europea, existe obligación de destinar los ingresos del ETS a objetivos climáticos y de transición energética. Y sostiene que España ha reportado usos por debajo de ese umbral en los últimos ejercicios: 33% en 2023 y 39% en 2024, según los datos citados en el trabajo. 

Además, el informe enmarca la propuesta dentro de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que regula el uso de ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión para fines climáticos. 

El mapa de la “ocupación renovable”

Para identificar a los territorios más expuestos, el estudio analiza la distribución espacial de las instalaciones a partir del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica. Concluye que hay algo más de 40.000 instalaciones renovables de potencia igual o superior a 20 kW repartidas por algo más de 3.300 municipios.

La fotografía, sin embargo, no es homogénea. Fedea destaca que la mayoría de municipios presenta ocupaciones reducidas, pero existe un grupo pequeño donde la intensidad es relevante: el 10% superaría el 5% de ocupación de la superficie municipal por instalaciones renovables. Y si se mira solo al 5% más afectado (166 municipios) y se asigna mayor ocupación media a la eólica, el porcentaje podría acercarse al 25%.

A modo ilustrativo, el trabajo plantea que repartir un fondo de 100 millones de euros entre el 10% de municipios más afectados daría lugar a transferencias de entre 90 y 190 euros anuales por residente en esas localidades. El autor compara esa magnitud con el esquema existente para municipios cercanos a instalaciones nucleares, donde se recoge un mínimo garantizado por habitante y año.

Cómo repartirlo: cheque al vecino o fondos al ayuntamiento

Rodríguez explora varias fórmulas: transferencias directas a residentes (tipo cheque o descuento en factura eléctrica) o transferencias a ayuntamientos de los municipios más afectados. Aunque valora la compensación directa, pone el foco en sus dificultades prácticas y se inclina por la vía municipal por su gestión más simple, con obligación de destinar los fondos a actuaciones medioambientales o canalizarlos hacia los ciudadanos finales. 

El trabajo también recuerda que varias comunidades autónomas ya han creado cánones o impuestos sobre instalaciones renovables, aunque no siempre revierten en los territorios donde se ubican los proyectos, lo que refuerza,según el auto,  el debate sobre un mecanismo nacional con criterios claros.