El Ministerio de Hacienda arranca 2026 con el compromiso de presentar entre enero y febrero una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, un sistema que el Gobierno quiere llevar después a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) monográfico, al Consejo de Ministros y, finalmente, al Congreso. El objetivo con el que trabaja el Ejecutivo es que el nuevo esquema pueda entrar en vigor en 2027, aunque el desenlace dependerá de una negociación política amplia, especialmente con el PP. 

Por ahora, Hacienda no ha detallado el contenido de la reforma. Sí ha trasladado su intención de combinar multilateralidad y bilateralidad, una fórmula que busca encajar tanto el debate común en el CPFF como acuerdos específicos con comunidades. En ese marco, la ministra María Jesús Montero ha defendido que ninguna autonomía saldrá perjudicada y ha apuntado a posibles cambios en el porcentaje de cesión de algunas figuras tributarias. 

El Gobierno sostiene que la propuesta se presentará en los primeros compases de 2026 y que se convocará un CPFF específico para tratar la financiación. En ese foro, el Ejecutivo cuenta con un peso determinante en la votación, pero el verdadero cuello de botella está después: el texto debe traducirse en reformas legales y reunir una mayoría suficiente en el Congreso, donde el consenso con el PP se considera clave para que el sistema sea estable en el tiempo. 

La reforma general llega con un elemento añadido: el acuerdo de 2025 sobre una financiación singular para Cataluña, pactada en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y ligada al escenario político catalán. Ese encaje, y su eventual “generalización” a otras comunidades, ha reactivado el debate sobre qué criterios deben mandar y cómo se preserva la solidaridad interterritorial.

A falta de una propuesta oficial, las comunidades han vuelto a colocar sobre la mesa sus líneas rojas:

• Despoblación, dispersión y envejecimiento: ocho autonomías han defendido que estos factores pesen más en el reparto (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja). 

• “Infrafinanciadas” y población ajustada: Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía reclaman un fondo transitorio de nivelación mientras se reforma el sistema y que el modelo priorice la población ajustada.

• PIB e insularidad: Madrid, Cataluña y Baleares han planteado que se incorpore el peso económico (PIB) como variable; Baleares y Canarias subrayan además el coste extra de la insularidad. 

La última gran propuesta técnica conocida de Hacienda, planteada años atrás, pivotó sobre la población ajustada, pero no prosperó. Con el sistema sin reformar desde hace más de una década, 2026 se abre como un año decisivo: el Gobierno promete poner texto encima de la mesa, las comunidades intentan influir en los criterios y el PP mantiene la llave del acuerdo de largo recorrido.