El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo que solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para prefinanciar dos programas de artillería incluidos en la estrategia de modernización militar. La petición de bloqueo cautelar, por ahora, no está resuelta. 

El recurso ha sido presentado por Santa Bárbara Sistemas, compañía propiedad de General Dynamics European Land Systems (GDELS), y se dirige contra dos créditos concretos: 1.181 millones para el programa de obuses autopropulsados sobre ruedas y 1.821 millones para el de obuses de cadenas. 

Ambos préstamos se apoyan en el Real Decreto 914/2025, de 14 de octubre, que establece las normas para conceder préstamos directos a empresas para el desarrollo industrial de programas especiales de modernización en ámbitos como el terrestre y el aéreo. 

En el paquete global, el Ejecutivo aprobó 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses para prefinanciar el desarrollo de distintos programas de modernización militar. Dentro de esa cifra, los proyectos en los que participa Indra (en solitario o con socios) concentran una parte relevante del volumen total, según el desglose recogido en la información judicial consultada por Europa Press. 

La admisión a trámite implica que el Supremo considera que el recurso cumple los requisitos formales para ser examinado. A partir de ahí, el procedimiento sigue su curso y el tribunal deberá pronunciarse, en primer lugar, sobre si concede o no la medida cautelar solicitada (la suspensión de los préstamos) y, más adelante, sobre el fondo del asunto.