Vox ha registrado en la Asamblea Regional una iniciativa para que el Gobierno de la Región de Murcia solicite al Ejecutivo central la creación de una zona franca en la comarca del Campo de Cartagena, con Cartagena como epicentro del proyecto. La formación defiende que esta figura podría convertirse en una herramienta para acelerar la industrialización y atraer inversión vinculada al comercio exterior y la logística. 

El portavoz adjunto de Vox en la Cámara autonómica, Rubén Martínez Alpañez, ha enmarcado la propuesta en una crítica a la falta de “proyecto de región” de PP y PSOE y ha insistido en la necesidad de un “salto” en términos industriales. En su planteamiento, una zona franca permitiría aprovechar ventajas logísticas, administrativas y de operativa aduanera para captar empresas y operaciones de importación y exportación. 

Qué es una zona franca y cuántas hay en España

Una zona franca es un área delimitada en la que las mercancías pueden almacenarse, transformarse o reexpedirse bajo un régimen aduanero específico, con beneficios asociados a operaciones de comercio internacional. En España existen siete zonas francas reconocidas, ubicadas en Barcelona, Cádiz, Vigo, Santander, Sevilla, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 

Vox sostiene que una eventual zona franca en el Campo de Cartagena podría conectarse con infraestructuras en desarrollo o ya operativas para crear un “ecosistema” logístico-industrial. En ese esquema, cita la futura Zona de Actividades Logísticas, el Aeropuerto Internacional de la Región y el impulso a la conectividad ferroviaria asociado al Corredor Mediterráneo, con el objetivo de facilitar el movimiento de mercancías hacia el resto de España y Europa. 

La propuesta llega, además, en un contexto en el que el debate sobre competitividad territorial vuelve a primer plano. En términos de renta y desigualdad, distintas fuentes sitúan a la Región en posiciones rezagadas en indicadores de ingresos, mientras que los últimos datos del INE reflejan también un mayor dinamismo en crecimiento económico en 2024 frente a otras comunidades. 

Por el momento, la iniciativa se queda en el ámbito parlamentario regional: el siguiente paso, si prospera, sería que el Ejecutivo autonómico traslade formalmente al Gobierno de España la petición para evaluar su viabilidad y encaje administrativo.