El Gobierno ha confirmado que Verifactu no será obligatorio hasta 2027, pese a que durante los últimos años se había transmitido que entraría en vigor en 2026. Pymes y autónomos de la Región de Murcia habían asumido ese plazo como definitivo y habían iniciado inversiones significativas para adaptarse al nuevo sistema de facturación. 

El aplazamiento tiene efectos económicos directos. Estas inversiones no son meramente preventivas; responden a un mandato legal que indicaba una fecha de adaptación concreta. Para pymes y autónomos, que operan con márgenes ajustados, este cambio supone un coste de oportunidad evidente y deja en el aire si las herramientas ya adquiridas serán plenamente compatibles con las especificaciones finales.

Por otro lado, el retraso no corrige la falta de proporcionalidad en la distribución de cargas. La prórroga, por tanto, solo aplaza el problema estructural sin ofrecer una solución. La inseguridad jurídica tampoco se reduce.

Además, las entidades de la Región contemplan el riesgo de que Verifactu y la factura electrónica obligatoria avancen sin coordinación. De hecho, existe un riesgo evidente de que las empresas deban afrontar dos procesos de adaptación distintos, con inversiones que pueden coincidir en el tiempo. .