MC Cartagena anunció este viernes, 9 de enero de 2026, que trasladará al Tribunal de Cuentas lo que considera “irregularidades” en la gestión económica del Gobierno local presidido por Noelia Arroyo. El portavoz de la formación, Jesús Giménez Gallo, hizo público el paso durante el pleno extraordinario convocado para la aprobación de los presupuestos municipales.

Contratos menores, “la norma” según MC

La formación cartagenerista sostiene que el Ejecutivo municipal ha convertido los contratos menores, concebidos para atender necesidades puntuales y de menor cuantía, en una herramienta de uso habitual. En su intervención, Giménez Gallo cifró en 14,7 millones de euros el volumen adjudicado mediante esta vía y afirmó que se ha hecho “sin concurrencia y sin control”, una acusación que el partido vincula a prácticas de “clientelismo”.

MC plantea que esta dinámica “degrada la igualdad de oportunidades entre empresas” y anuncia que la documentación que sustenta su denuncia será remitida al órgano fiscalizador del sector público.

Modificaciones presupuestarias “casi a diario”

Otro de los ejes del anuncio es el uso continuado de modificaciones presupuestarias. Giménez Gallo aseguró que se aprueban “prácticamente cada día hábil”, lo que, a juicio de MC, evidenciaría falta de planificación y convertiría las cuentas en “papel mojado”.

En las últimas semanas, el debate presupuestario ya venía acompañado de críticas políticas cruzadas y de reproches sobre el encaje del Plan Económico Financiero y el endeudamiento municipal, según publicaciones recientes sobre la discusión de las cuentas de 2026.

Reparos y pagos por servicios sin contrato

MC también sitúa el foco en los reconocimientos extrajudiciales de crédito (a menudo asociados en el debate público a “reparos” o a la necesidad de convalidar gastos), que permiten imputar al presupuesto obligaciones derivadas de servicios prestados sin el procedimiento ordinario completo. La formación afirma que el Gobierno local recurre a esta vía para pagar servicios esenciales que llevarían “más de un lustro” sin contrato, lo que considera un síntoma de gestión irregular.

En términos generales, la literatura especializada sobre administración local describe este mecanismo como una vía excepcional para reconocer obligaciones y evitar, entre otros supuestos, situaciones de enriquecimiento injusto, subrayando que su uso reiterado suele asociarse a problemas estructurales de contratación y control interno.

Qué pide MC y qué puede hacer el Tribunal de Cuentas

MC enmarca su decisión en la “defensa de los intereses de los cartageneros” y asegura que continuará fiscalizando la actuación del Ejecutivo municipal.

El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público y, en determinados procedimientos, puede apreciar responsabilidades contables cuando se acrediten daños a los fondos públicos, conforme a su marco de actuación y a informes y doctrina vinculados a estas materias.

Por el momento, el anuncio parte de la oposición municipal y se formula en términos de denuncia política. El siguiente paso, en la práctica, será conocer el contenido concreto de la documentación que MC dice aportar y si el órgano fiscalizador abre actuaciones al respecto.

Cartagena, mientras tanto, sigue con sus cuentas sobre la mesa. Y ya se sabe: cuando un presupuesto se convierte en campo de batalla, cada cifra deja de ser un número y pasa a ser un relato.