La Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmarán el acuerdo de libre comercio el próximo 17 de enero en Asunción (Paraguay), un paso que llega tras décadas de negociación y con el debate todavía encendido en varios Estados miembro por el impacto en el sector agrícola europeo. La firma la rubricarán, por parte de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, junto a las autoridades del bloque sudamericano.

El visto bueno político para estampar esa firma se desbloqueó este viernes, 9 de enero, después de que los Veintisiete constataran que existía una mayoría cualificada suficiente en una reunión de embajadores en Bruselas. Votaron en contra Francia, Irlanda, Hungría, Polonia y Austria, mientras que Bélgica se abstuvo (abstención que, en la práctica, cuenta como voto en contra en el recuento político del pulso). La clave fue el cambio de posición de Italia, que finalmente apoyó avanzar tras las últimas concesiones vinculadas a la protección del campo.

Aunque el cierre de las negociaciones entre Bruselas y Mercosur se anunció en diciembre de 2024, el acuerdo ha necesitado más de un año para encarrilar la fase que permite la firma, precisamente por las reservas de varios países sobre la competencia para sus sectores agroalimentarios.

Qué pasa después de la firma

La rúbrica en Asunción permitirá la entrada en vigor provisional de la parte comercial, pero el proceso no termina ahí: el texto deberá superar el examen del Parlamento Europeo, que puede aprobarlo o tumbarlo (sin capacidad para enmendarlo), y completar los trámites internos previstos en ambas regiones.

Desde las instituciones europeas, Von der Leyen ha defendido que el acuerdo abre una nueva etapa de comercio y cooperación con América Latina y encaja con la estrategia de diversificación en un contexto global más tensionado. En la misma línea, Costa lo ha presentado como un pacto con beneficios para consumidores y empresas, con refuerzo de derechos laborales, protección medioambiental y garantías para agricultores europeos.

Salvaguardas agrícolas y umbrales de activación

El desbloqueo político ha ido de la mano de un paquete de salvaguardas para productos considerados sensibles (como aves de corral, vacuno, huevos, cítricos, azúcar), pensado para actuar si la apertura provoca distorsiones graves en el mercado europeo. La lógica es sencilla y es que si entran más productos y los precios se despeñan, Bruselas quiere poder frenar a tiempo.

Según lo acordado, la Comisión podrá iniciar investigaciones y activar medidas cuando, de media, las importaciones de productos sensibles crezcan un 5% y los precios caigan un 5% en un periodo de tres años, umbrales que se han endurecido respecto a cifras barajadas anteriormente.

En paralelo, el Parlamento Europeo ya venía trabajando este capítulo: aprobó una cláusula de salvaguardia y cerró un acuerdo con el Consejo para fijar el marco de protección, pendiente aún de adopción formal para su entrada en vigor.

El foco español: apoyo del Gobierno y alerta del sector hortofrutícola

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró la aprobación del acuerdo y defendió “nuevos puentes y alianzas” con una región que considera estratégica. El Ministerio de Economía lo enmarca como un paso relevante para reforzar cadenas de suministro, diversificar fuentes críticas y ampliar la red de socios comerciales.

El Ejecutivo recuerda además el peso de la relación económica: en 2024, el comercio entre España y Mercosur representó el 9% de las exportaciones y el 18% de las importaciones totales de la UE con ese bloque, y el stock de inversión directa española en la zona supera los 100.000 millones de euros (datos de 2023), con presencia destacada en energía, infraestructuras, telecomunicaciones y servicios.

La lectura es distinta en parte del sector productor. Fepex subraya que el acuerdo “mejora” el acceso de frutas y hortalizas de Mercosur a la UE, con una eliminación de derechos de importación que, por producto, tendería hacia un acceso prácticamente libre. La federación pone el acento en que habrá que ver si las salvaguardas se activan “cuando surjan problemas” y recuerda la balanza deficitaria: en 2024 la UE exportó frutas y hortalizas frescas a Mercosur por 255 millones, frente a importaciones por 984 millones.