El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, cuestiona la hoja de ruta del Gobierno de Fernando López Miras para 2026 y sostiene que los acuerdos entre PP y PSOE han terminado por enquistar debates que, a su juicio, llevan años sin salida: vivienda, reforma de la ley del Mar Menor, industria en Cartagena, agricultura y trasvase Tajo-Segura.

En su lectura, el plan del Ejecutivo vuelve a apoyarse en anuncios que “se quedan en un titular” y no llegan a traducirse en resultados. Con esa idea abrió el bloque de vivienda, donde recordó el compromiso del PP en 2019 de impulsar 3.000 viviendas durante la legislatura 2019-2023 y afirmó que, a día de hoy, “no han construido absolutamente ninguna”. Desde ahí, puso en duda que la nueva ley de vivienda asequible pueda cumplir el objetivo de 25.000 viviendas que el Gobierno regional ha puesto sobre la mesa.

Alpañez insistió en que el problema no está en el enunciado, sino en el acceso real. Según expuso, un joven tendría que afrontar una entrada de 56.000 euros para optar a una vivienda “asequible”, una cifra que, con los salarios de la Región, equivaldría, dijo, a “no gastar ni un euro durante tres años”. El portavoz defendió que el texto no actúa sobre lo que considera claves del mercado: impuestos y suelo. Reclamó una rebaja fiscal “masiva”, apuntó que entre el 16% y el 20% del precio de una vivienda se va en impuestos y volvió a una de sus propuestas recurrentes: liberalizar suelo y ampliar la oferta dejando margen a promotores y constructores para decidir qué construir en función de la demanda.

El Mar Menor fue el siguiente eje, y lo vinculó directamente al acuerdo presupuestario de 2025 con el PP. El portavoz sostuvo que la ley aprobada en 2020, tras la crisis ambiental, terminó siendo "un freno para el desarrollo del Campo de Cartagena". En ese contexto, criticó que la reforma impulsada por el PP sea mínima y la resumió en una frase: “después de seis años, la modificación es añadir un ‘podrá’ en un artículo”. Para Vox, ese cambio es insuficiente y, lejos de aclarar el marco, añade confusión a agricultores, empresas y actividad económica.

Alpañez defendió que la modificación debería tener efectos “reales”, tanto para ordenar usos y reactivar economía como para proteger el ecosistema. En su intervención, advirtió del solapamiento de normas, citó la normativa de nitratos y el plan de actuación que, según dijo, el Gobierno regional anunció hace años sin ponerlo en marcha. También rechazó que se haya señalado al sector agrario como principal culpable y alertó de más inseguridad jurídica si la reforma no despeja obligaciones y criterios.

Desde ahí enlazó con la propuesta de Vox para el Campo de Cartagena: una zona franca ligada al puerto. Alpañez defendió que España cuenta con siete zonas francas y planteó que la Región no debería quedarse fuera por debates que se eternizan. A su juicio, se trata de una autorización administrativa que permitiría atraer empresas de alto contenido tecnológico y mejorar productividad y salarios. Incluso lanzó un cálculo “muy básico”, en sus palabras: con una zona franca, las exportaciones regionales podrían crecer entre un 45% y un 50%, lo que tradujo en miles de millones de euros adicionales de negocio exterior.

La industria apareció en la entrevista con el caso SABIC y el cierre de la planta Lexan 1 en La Aljorra. Vox se mostró a favor de proteger el empleo, pero cuestionó lo que calificó como “brindis al sol” cuando, dijo, se exigen recolocaciones sin poner alternativas concretas para sostener la rentabilidad del negocio. En su diagnóstico, la competitividad regional se erosiona por la lentitud de tramitaciones medioambientales y autorizaciones y por un marco regulatorio que vinculó a la Agenda 2030 y al Pacto Verde.

En el tramo final, el debate se desplazó al campo y al agua. Sobre el acuerdo UE-Mercosur, Alpañez lo describió como “un golpe” para la agricultura española si no se igualan condiciones y controles, y criticó que productos de terceros países entren sin, según su denuncia, las mismas exigencias sanitarias y ambientales. Y en materia hídrica, situó el trasvase Tajo-Segura como una línea roja: acusó a PP y PSOE de moverse por cálculo político y cargó contra el incremento de caudales ecológicos como vía para recortar envíos hasta el cierre. Vox defendió la interconexión de cuencas y llegó a cuantificar el impacto laboral de un cierre definitivo en más de 40.000 empleos, según los estudios a los que aludió.

La entrevista incluyó además referencias a la reunión con CROEM, donde Vox trasladó la necesidad de impulsar la zona franca y revisar el marco del Mar Menor, y un apunte final sobre el escenario político. Alpañez restó valor a las encuestas, reivindicó el liderazgo regional de José Ángel Antelo y pronosticó un crecimiento de Vox de cara a 2027 si, dijo, el bipartidismo continúa sin ofrecer respuestas.