La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside este miércoles 14 de enero el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocado a las 10:30 horas en la sede del Ministerio. Al término del encuentro, está prevista una rueda de prensa de la ministra.

La cita llega después de que Hacienda presentara el pasado 9 de enero su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, una reforma que el Ejecutivo quiere orientar a 2027 y que ha encendido un debate político por el contenido, pero también por la forma: el Gobierno negoció el marco con ERC y Moncloa ha confirmado contactos previos con el líder republicano, Oriol Junqueras.

Una reunión para explicar el modelo, sin votación sobre la reforma

Aunque el CPFF es el foro multilateral de Hacienda con las comunidades, varios medios han avanzado que la reunión de este miércoles servirá para exponer y debatir las líneas generales del nuevo modelo, sin someter la propuesta a votación en ese punto del orden del día.

El Ministerio busca abrir una ronda de trabajo con las autonomías y, después, trasladar la reforma al terreno legislativo, donde el texto deberá cristalizar en una ley orgánica y superar un trámite parlamentario de alta tensión.

Qué propone Hacienda: más cesión de impuestos y cambios en la “población ajustada”

En el corazón de la propuesta está el aumento de la capacidad tributaria autonómica. Hacienda plantea elevar el porcentaje de cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, e incorporar a los recursos del sistema impuestos como Patrimonio, depósitos bancarios, actividades de juego y el tributo sobre depósito de residuos en vertedero.

Según el propio Ministerio, este rediseño permitiría que los recursos aumenten en casi 16.000 millones en 2027. (Otros cálculos publicados sitúan la inyección total en el entorno de los 21.000 millones, en función de cómo se agregan componentes y fondos).

El modelo también retoca la llamada población ajustada, la fórmula que pondera necesidades de gasto según variables demográficas y territoriales. Hacienda detalla, entre otros cambios, más peso y precisión para el componente sanitario (con 20 tramos de edad, frente a los siete del modelo vigente), ajustes en educación (incluyendo movilidad universitaria), un componente social que diferencia entre mayores de 65-79 y mayores de 80 e incorpora el número de parados sin prestación, además de variables como superficie, dispersión, insularidad y un nuevo criterio de costes fijos para territorios con menos población.

En la arquitectura del reparto, Hacienda habla de una nivelación horizontal para garantizar que todas las comunidades alcancen un mínimo (75% de la media de recursos por habitante ajustado) y una nivelación vertical con aportación estatal para reducir distancias respecto a la comunidad con más recursos.

Además, el documento incorpora piezas menos voluminosas pero políticamente jugosas: un mecanismo ligado al IVA de pymes (a petición de las CCAA) y un fondo climático en torno a 1.000 millones, del que dos tercios se repartirían entre comunidades del litoral mediterráneo.

El choque político: rechazo del PP y recelos en el PSOE

El Partido Popular acudirá al CPFF con una posición de rechazo y con el compromiso de llevar su propia propuesta, denunciando que la reforma llega condicionada por el acuerdo previo con ERC y por el debate sobre la ordinalidad (mantener el orden de contribución y recepción en el ranking del sistema).

En paralelo, el modelo ha abierto grietas también en el campo socialista. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado el tono contra la reforma y ha pedido que la ciudadanía se pronuncie antes de avanzar. Asturias, por su parte, ha reclamado una negociación “en pie de igualdad” y ha rechazado aceptar “un plato precocinado”, en referencia a un esquema cerrado de antemano.

Cataluña, mientras tanto, llega al CPFF defendiendo el acuerdo y tratando de presentarlo como un modelo exportable al conjunto de territorios, aunque con un debate interno abierto y la mirada puesta en la aritmética parlamentaria futura.

Tras el CPFF, Hacienda plantea un calendario de trabajo con reuniones técnicas bilaterales con las comunidades para desglosar cifras y mecanismos, antes de trasladar el texto al plano legislativo. El objetivo oficial es que el nuevo sistema pueda estar listo para 2027, pero el camino dependerá de la capacidad del Gobierno para armar mayorías suficientes en el Congreso para una ley orgánica.

Tras la reunión de hoy, Hacienda prevé iniciar contactos técnicos con las comunidades para concretar el impacto del modelo y avanzar en el borrador legislativo que debe tramitarse como ley orgánica.