La tensión se ha instalado en la planta de Sabic en La Aljorra. Tras el anuncio del cierre de Lexan 1, cerca de medio millar de trabajadores se han concentrado este miércoles, 14 de enero, para reclamar explicaciones y compromisos concretos. El presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez, advierte de que la empresa sigue sin trasladar información básica y que las movilizaciones “acaban de empezar”.

En ese escenario, Pascual Sánchez, presidente del comité de empresa, puso palabras a la inquietud colectiva. La movilización coincidió con una asamblea de trabajadores que, según explicó, sirvió para trasladar “las novedades” recabadas en los últimos días y, al mismo tiempo, para dar visibilidad a lo que definen como un golpe directo al empleo: el anunciado cierre de la planta Lexan 1.

Asegura que, desde el anuncio, la compañía no ha concretado un mapa de afectación claro y que esa falta de información es, ahora mismo, el mayor problema. El comité habla de incertidumbre y de silencio empresarial, una ausencia de explicaciones que, en su relato, se vive como “abandono” tras décadas de actividad.

En paralelo a la protesta, el comité ha abierto una ronda de contactos institucionales. Sánchez detalla reuniones con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y con el delegado del Gobierno en la Región. En ambos casos, la petición principal es la misma: presionar a la compañía para que aporte información y asuma responsabilidades, y activar mecanismos que permitan, si no se evita el cierre, amortiguar su impacto.

De ese intercambio con el Gobierno regional, el presidente del comité subraya dos compromisos: el anuncio de que López Miras trasladaría el asunto a la empresa y la posibilidad de activar un plan de formación y reubicación si finalmente hay despidos. Con el Ejecutivo central, el comité valora especialmente la propuesta de constituir una mesa en Madrid con el Ministerio de Industria para sentar a las partes implicadas, incluida la compradora, el fondo alemán Mutares, y la compañía.

En la conversación, Sánchez insiste en que la plantilla quiere trabajar, pero no a cualquier precio. Rechaza la incertidumbre sobre las condiciones futuras y coloca el foco en dos necesidades si el proceso acaba en pérdidas de empleo: una “salida digna” para los trabajadores de mayor edad y un plan de reindustrialización para ofrecer futuro a quienes aún tienen por delante una vida laboral larga.

Sánchez remarca que la media de la plantilla ronda los 50 años, un dato que convierte la recolocación en una carrera cuesta arriba, especialmente en industria. De ahí su exigencia de un plan social y de medidas que no se queden en titulares, sino que aterricen en opciones reales.

La protesta, además, tiene un matiz que va más allá de lo laboral. Sánchez advierte de que la incertidumbre también erosiona la calma imprescindible para trabajar en un entorno químico. Habla de nerviosismo, de tensión y de la necesidad de que la empresa despeje el horizonte cuanto antes para preservar la seguridad en una planta que opera con equipos sensibles y procedimientos que exigen cabeza fría.

Y si alguien esperaba un gesto simbólico y ya está, el comité lo niega. La concentración de este miércoles se presenta como “el comienzo”. Sánchez sitúa el siguiente escalón en Madrid y deja sobre la mesa un catálogo de escenarios de presión, desde nuevas manifestaciones hasta acciones más contundentes, si la compañía no se sienta a negociar y no ofrece explicaciones. En el fondo, el mensaje busca ser simple y difícil de ignorar: si no hay información y garantías, habrá movilización.

En la recta final, el presidente del comité se permite una mirada más amplia y sostiene que el problema no es solo de una fábrica, sino de un modelo industrial europeo que, a su juicio, compite en desventaja frente a productos fabricados fuera con estándares y costes diferentes. Ese análisis, que mezcla economía y política industrial, desemboca en una conclusión pesimista sobre el desenlace. Por eso, mientras el comité insiste en “salvar el empleo”, también empuja con fuerza el “plan B”: protección para los mayores y reindustrialización para que la zona no se quede en silencio cuando la sirena deje de sonar.

Los ecos políticos de la protesta

La protesta de la plantilla también ha tenido eco en los partidos con representación en Cartagena y en la Asamblea. El denominador común, con matices y dardos cruzados, es el mismo. Respaldan a los trabajadores y reclaman una salida que evite despidos o, si no se puede frenar el cierre, garantice un plan social y alternativas industriales.

MC Cartagena, con Jesús Giménez Gallo, se ha alineado con las reivindicaciones del comité y ha elevado el tono contra PP y PSOE, a quienes acusa de “pasividad” ante un cierre que, sostiene, se venía avisando desde 2023. La formación cartagenerista pide apretar a la multinacional para que negocie y, si no hay marcha atrás, que asegure el futuro de la plantilla, recordando además las ayudas recibidas y el coste ambiental soportado en el entorno de La Aljorra.

El PSOE de Cartagena, a través de su portavoz municipal Manuel Torres, ha puesto el foco en la vía institucional anunciada por la Delegación del Gobierno. Defiende que el Ministerio de Industria lidere una mesa de diálogo para explorar opciones que mantengan la actividad y el empleo, y reclama implicación del Ayuntamiento y del Gobierno regional, además de un proceso de reindustrialización en la comarca para blindar oportunidades laborales.

Vox, con José Ángel Antelo, ha acudido a la concentración para mostrar apoyo a la plantilla y ha atribuido el riesgo de despidos a lo que denomina “fanatismo climático” del bipartidismo. En su argumentario, señala la competencia exterior y el impacto de impuestos vinculados al CO₂ y al plástico, y responsabiliza a PP y PSOE de las consecuencias sobre la industria.

Podemos, por su parte, plantea “apurar todas las opciones” y propone que la SEPI asuma el control de Sabic para evitar el cierre y garantizar la viabilidad de la planta. La diputada María Marín anuncia que llevará el asunto al Pleno y pide que el Gobierno regional se siente a negociar con el Ministerio de Industria, mientras subraya el papel estratégico del polo industrial de Cartagena y critica la falta de planificación industrial.