El Gobierno regional ha rechazado este miércoles, 14 de enero, la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al considerar que mantiene a la Región de Murcia “entre las comunidades peor financiadas”. La posición la trasladó el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocada para que el Ministerio explicara las líneas generales del planteamiento.

Según el Ejecutivo murciano, el debate debería producirse en el propio CPFF con una negociación “pactada por todas las comunidades”, y no a partir de un esquema ya definido. Marín criticó tanto el contenido como el procedimiento y sostuvo que el diseño se ha presentado tras un acuerdo previo entre el Gobierno central y ERC, una lectura que también han reiterado varios gobiernos autonómicos del PP en las últimas horas.

En ese contexto, la Comunidad insistió en que la financiación de servicios públicos esenciales no puede abordarse fuera de un marco multilateral. El consejero reclamó que el Ministerio concrete el alcance real del cambio para regiones que, como la Región Murcia, denuncian una infrafinanciación “estructural” y alertó de que, con los cálculos manejados por el Gobierno regional, la Región seguiría por debajo de la media nacional en financiación por habitante.

La discusión se produce después de que Hacienda presentara públicamente su propuesta el pasado 9 de enero, defendiendo un aumento de recursos para las comunidades en los próximos años. En la reunión de este miércoles, Montero defendió que el modelo no está ideado para beneficiar a una comunidad concreta y trasladó a los gobiernos autonómicos que la adhesión sería voluntaria, mientras la mayoría de comunidades de régimen común mostraron su rechazo, con Cataluña como excepción.

Desde la Consejería de Hacienda de la Región, además, se cuestionó el origen del incremento de recursos anunciado y se advirtió de un posible impacto fiscal, al tiempo que se reclamó un sistema que elimine diferencias entre territorios y no las rebaje parcialmente. En paralelo, el Ministerio mantiene abierta la vía de seguir trabajando el planteamiento con las comunidades