Izquierda Unida Verdes en Alhama de Murcia ha puesto en marcha una ofensiva institucional para exigir que la Región regule la distancia entre casas de apuestas y centros educativos. Su portavoz municipal, Antonio García, pasa por las micrófonos de MurciaEconomía Radio y sostiene que existe base técnica y jurídica para fijar un mínimo de 500 metros y denuncia que la norma permanece sin aplicarse desde 2018. La iniciativa llegará al pleno del 29 de enero y busca sumar a otros ayuntamientos ante lo que la formación describe como un problema de salud pública y convivencia.

Antonio García, arranca con un dato que, según explica, cambió el tono de una reunión institucional y encendió la alarma. “En el Consejo Escolar Regional se puso sobre la mesa una cifra escalofriante”, relata. La aportó, afirma, la federación regional de asociaciones de madres y padres. “14,7 es la edad media en la que los adolescentes empiezan con las primeras apuestas en la Región de Murcia”. Para el portavoz de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Alhama, ese número funcionó como un golpe seco en la mesa. Y también como un punto de partida.

Desde ahí, su formación ha decidido empujar una vía doble. Por un lado, exigir al Gobierno regional que active una regulación que, según sostiene, lleva años sin materializarse. Por otro, trasladar el debate a los municipios, donde la presión se mide en metros, en licencias y en convivencia diaria.

García sitúa el origen político en 2018. Recuerda que entonces se promovieron iniciativas en distintos ayuntamientos y que, en el ámbito regional, se aprobó una propuesta para establecer una distancia mínima entre centros educativos y locales de apuestas. “Es lo mismo que hay en absolutamente todas las comunidades autónomas, salvo en la Región de Murcia”, afirma, y enmarca ahí su crítica al Ejecutivo autonómico. La exigencia que IU Verdes coloca como “mínima” es clara, 500 metros.

García menciona un establecimiento que define como “Bar Sport Center” y subraya su proximidad con un centro de secundaria. “Está a menos de 100 metros”, asegura. Describe un entorno de tránsito constante, con alumnado que entra y sale del instituto, recreos autorizados y, además, un supermercado cercano por el que pasan “cientos y cientos de familias cada día”. Para su formación, esa cercanía no es anecdótica, sino parte del problema. Habla de “sobreexposición” y la vincula al riesgo de normalización.

Esa normalización, añade, no se expresa solo en distancias. También en tensiones vecinales. En barrios como Paco Rabal, afirma que la situación ha derivado en episodios “muy lamentables”. Habla de “enfrentamientos”, de presencia policial y de vigilancia para proteger el descanso y el bienestar del barrio. “Se ha vuelto inaguantable”, sostiene, y amplía el foco a otros puntos del municipio. En su diagnóstico, el conflicto no se explica por discursos habituales que buscan culpables fáciles. “La convivencia se resiente”, dice, “pero no por lo que algunos señalan. Tiene que ver con intereses económicos”.

A su juicio, el Gobierno regional ha mostrado “inacción total” durante años y, con ello, deja “vendidos” a municipios y barrios, en especial los de perfil obrero. “Las casas de apuestas no abren en urbanizaciones de lujo”, afirma, “abren en entornos de gente trabajadora”. Su argumento es que el negocio encuentra terreno fértil donde hay vulnerabilidad económica y expectativas de premio rápido. Y sitúa al Ejecutivo autonómico del lado de la patronal del sector. “No sabemos si es por evitar un mal titular o por ponerse de parte de la patronal del juego”, resume, pero insiste en la misma idea, una norma aprobada y sin aplicación.

Para comparar, pone un ejemplo fuera de la Región. “En la Comunidad Valenciana hay 850 metros mínimos”, dice. No lo plantea como exigencia inmediata para la Región de Murcia, aunque aclara que cuanto más lejos, mejor. Su reclamación se mantiene en 500 metros, un listón que considera “ideal” para garantizar “una infancia y un ocio digno” y para reducir el impacto sobre hogares que, sostiene, pueden acabar arruinados por la ludopatía.

La propuesta no se queda en el Gobierno regional. García plantea herramientas municipales para actuar ya, incluso antes de que llegue la regulación autonómica. Se detiene especialmente en un elemento que, en su opinión, multiplica la exposición. “Hay salones de apuestas con terrazas en suelo público”, advierte. Y defiende que, por motivos de salud pública o interés general, los ayuntamientos pueden revisar la ocupación de vía pública en estos casos. La idea es incorporar medidas en ordenanzas de terrazas, limitar ese “escaparate” y, además, favorecer a la hostelería tradicional.

Ahí introduce otro frente, económico y cultural. “Defiendo a la hostelería local, la de toda la vida”, afirma. Denuncia que estos locales operan con reglas distintas y con una ventaja que, según sostiene, distorsiona el mercado. Pone un ejemplo de precios. “Un tercio de cerveza a un euro, un euro veinte”, dice, y lo describe como “inasumible” para un bar tradicional. Su tesis es que el negocio real no está en el café ni en la tostada, sino en el juego. Y que esa capacidad de asumir precios bajos acaba afectando a establecimientos de barrio y a puestos de trabajo.

El cierre vuelve a la dimensión humana, con un mensaje dirigido a familias que conviven con una casa de apuestas frente al instituto. García pide educación y prevención dentro de casa, sin dramatismos impostados, pero con una advertencia sin maquillaje. “La ludopatía está al mismo nivel que otras adicciones como el alcoholismo o la drogadicción”, sostiene. Y remata con una idea que atraviesa toda su intervención, que la protección de menores no puede depender solo de la voluntad individual cuando el entorno empuja en dirección contraria.

La moción, explica, se debatirá en Alhama el 29 de enero. IU Verdes espera que el movimiento se extienda y que la Región deje de mirar hacia otro lado. Porque, como comenta, lo preocupante no es solo un local, sino el vacío normativo que permite que el juego se instale junto a la vida escolar.