No voy a hablar de Julio Iglesias, ni de Plácido Domingo, ni de Alejandro Sanz, Carlos Vermut, Adolfo Suárez o Nacho Cano, sino de lo que todos ellos tienen en común con miles de hombres que, en nuestro país, sufren a diario un auténtico calvario para demostrar que no son culpables frente a las acusaciones, gratuitas, que se lanzan sobre ellos alentadas por un mal llamado feminismo que atribuye a los hombres, por su mera condición, la etiqueta de “violadores en potencia”.

Hace ya algún tiempo que, en España, de la mano de las políticas de extrema izquierda, se ha impuesto la idea perversa de que, en los delitos contra la libertad sexual –siempre repugnantes e intolerables– es el señalado quien debe probar su inocencia frente a una presunta víctima que ha de ser creída, sin más, por el hecho de que, en la mayoría de los casos, es una mujer. Una suerte de ejercicio de fe mezclado con un Derecho Penal de autor que no busca castigar el qué, la conducta inadmisible, pero sí el quién la comete y, cuando se trata de un hombre algunas han encontrado la excusa perfecta para ‘deconstruirlos’ por la fuerza. Y, qué mejor advertencia al españolito de a pie, sobre cómo puede acabar, que usar como ejemplo a los máximos exponentes de la vida pública.

Qué más da si los hechos son ciertos o no, si hay más pruebas que la versión de las protagonistas anónimas, si el relato (cuando presentan denuncia formal que no siempre es el caso) responde a los parámetros de ausencia de incredibilidad, es decir que no actúen por motivos espurios como venganza o dinero; verosimilitud, que exista un apoyo de elementos externos o pruebas adicionales que lo respalden; y, persistencia en la incriminación, o que ésta sea coherente, sin contradicciones a lo largo del tiempo, como exige la ley. O, ya puestos, qué más da la ley si, cada vez que salta a la opinión pública un caso de posible acoso, se produce una condena inmediata, una lapidación implacable, un juicio sumarísimo en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Porque quienes más alto y fuerte han exigido sentenciar a la muerte civil a Julio Iglesias son los mismos que callaron ante los casos denunciados, internamente en sus propios partidos. Antorchas encendidas para quemar en la hoguera al extraño y silencio sepulcral para blanquear la podredumbre de los propios, cabalgando una contradicción constante. Tolerancia cero contra el acoso y las violencias sexuales, proclaman tras sus pancartas, pero sólo cuando pueden rascar algún tipo de beneficio político o capitalizar, electoralmente, el escándalo.

Mientras millones de mujeres viven sometidas, silenciadas, abusadas, humilladas, discriminadas, maltratadas, lapidadas, vejadas y tapadas de pies a cabeza, en situaciones verdaderamente peligrosas y dramáticas; y, en España, hay otras en riesgo real porque las pulseras anti maltrato de sus agresores no funcionan, el ‘feminismo’ auténtico de Ione Belarra, Ángela Rodríguez Pam, Irene Montero, Ana Redondo, Yolanda Díaz o Sira Rego concentra toda su atención en unos supuestos abusos cometidos hace cinco años en República Dominicana, por un señor de ochenta años, enfermo y retirado o, hace cuarenta, presuntamente, por un ex presidente de Gobierno, ya fallecido, que ni siquiera puede defenderse. Y quien se atreva a desmarcarse –a pedir respeto a la presunción de inocencia, exigir que se respeten las garantías previstas en el Estado de Derecho y a que el honor de los ciudadanos, sean quienes sean, no quede en entredicho, gratis, con cualquier excusa interesada, cuando la Justicia no se ha pronunciado– quedará convertido en un facha de manual y un machista declarado.

Así estamos, entregados a la agenda de la sinrazón, la barbarie jurídica y a la cochambre politizada.