El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha pisado el acelerador en la licitación de obras de carreteras tras meses de parálisis vinculada a la investigación judicial conocida como ‘caso Cerdán’. En el último mes y medio, la Dirección General de Carreteras (DGC) ha sacado a concurso 18 contratos por un importe conjunto de 553,5 millones de euros (IVA incluido), lo que supone licitar en unas semanas un 44% más que en los once meses anteriores de 2025, cuando se adjudicaron proyectos por 370,3 millones.

Este fuerte impulso se concentra sobre todo en diciembre de 2025, cuando se aprobaron 14 contratos de obra por 381,8 millones de euros. Con estas cifras, el volumen total licitado por la DGC en 2025 se sitúa en torno a 752,1 millones, a los que se suman cuatro proyectos adicionales por 151,7 millones en los primeros días de enero.

El giro supone un punto de inflexión tras la parálisis de los meses previos. Desde el verano, la actividad licitadora de la DGC se había resentido tras hacerse públicas las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en contratos de carreteras, en el marco de una trama de corrupción que salpicó al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, entre otros responsables.

En ese contexto, la DGC, dirigida por Juan Pedro Fernández Palomino, implantó medidas internas para reforzar el control de los contratos, con instrucciones explícitas a empresas y funcionarios para limitar determinados contactos y prácticas relacionales. Paralelamente, el ministro Óscar Puente abrió un análisis para reformar los pliegos de contratación de obras y servicios, con el objetivo de aumentar el peso de criterios objetivos como el precio. Este giro generó fricciones con Adif, el mayor inversor público del país, y con las principales constructoras, y contribuyó a enfriar durante meses el ritmo de nuevas licitaciones.

Pese al acelerón de final de año, la estadística global muestra una clara contracción. Hasta noviembre, la licitación de la DGC caía un 45,6% según datos sectoriales, y el conjunto de entes dependientes de Transportes reducía un 13,2% su volumen de concursos. En contraste, la licitación pública total del resto de administraciones crecía un 11,6% respecto al año anterior, impulsada por comunidades autónomas y entidades locales, mientras el Estado apenas variaba un 0,2%.

Los 752,1 millones licitados finalmente por Carreteras en 2025 representan la cifra más baja desde 2020 y la tercera más reducida desde 2014. Suponen un descenso del 10,5% respecto a 2024 (840,5 millones) y quedan muy por debajo de los 1.546,4 millones registrados en 2023, lo que confirma la “contracción del Estado” en obra viaria pese al repunte de las últimas semanas.

Entre los contratos que se han desbloqueado en este tramo final de 2025 figuran varios proyectos considerados estratégicos por el sector. Destacan la conexión de la autovía A-21 de los Pirineos con la A-23 Mudéjar en la variante de Jaca (Huesca), por 153,6 millones; la ampliación de capacidad de la variante de Figueres (Girona), por 118,3 millones; la construcción del tramo B del Arco Norte de Murcia, entre el kilómetro 652 de la A-7 y el enlace de Cabezo de Torres, por 97,9 millones; la mejora de la accesibilidad del transporte público en la A-4 a su paso por Getafe (Madrid), por 47,5 millones; y el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y el enlace de El Copero, en Sevilla, por 45,1 millones.

Con este paquete de obras, Transportes busca devolver cierta normalidad a la planificación de carreteras y dar oxígeno a las constructoras, que llevaban meses encadenando una contratación “exigua” en este capítulo. El reto ahora para el equipo de Óscar Puente será consolidar ese ritmo en 2026 y, al mismo tiempo, culminar la revisión de los pliegos para reforzar la transparencia y blindar los contratos frente a futuras irregularidades sin volver a frenar la inversión.