ASAJA, COAG y UPA han convocado para el jueves 29 de enero una jornada de protesta agraria en la Región de Murcia, en el marco del calendario de movilizaciones acordado a nivel estatal para la última semana del mes. Las organizaciones prevén acciones en el territorio regional y apelan a la participación del sector ante “la complicada situación” que, sostienen, atraviesan agricultores y ganaderos.

La convocatoria se enmarca en una semana de protestas que se concentrará entre el 26 y el 30 de enero, con el 29 como día central, definido por las propias organizaciones como un “súper jueves” de movilización del campo en toda España.

“Sobran los motivos”

Las tres organizaciones enumeran razones “de sobra” para salir a la calle y sitúan el foco en varios niveles. En el plano europeo e internacional, señalan la reforma de la PAC y el impacto de los acuerdos comerciales, con Mercosur como referencia recurrente. En el ámbito estatal, ponen sobre la mesa el agua, la burocracia, el alza de los costes de producción y el diseño de los seguros agrarios. En clave regional, citan la Ley del Mar Menor y la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria.

En la Región de Murcia, además, las organizaciones han adelantado que volverán a llevar tractores y vehículos agrícolas a las carreteras en una protesta que, según Cadena SER, se articulará precisamente bajo el lema “Sobran los motivos”. Los detalles concretos de recorridos y horarios, por ahora, no se han detallado de forma pública en esa información.

En materia europea, ASAJA, COAG y UPA reclaman un presupuesto suficiente para la PAC 2028-2034, actualizado con el IPC y manteniendo la arquitectura actual de dos pilares. También piden acuerdos con terceros países “justos”, basados en reciprocidad, “cláusulas espejo”, auditorías en origen e inspecciones en frontera, además de una estrategia efectiva para la incorporación de jóvenes al campo.

La convocatoria también pone el foco en la defensa del Trasvase Tajo-Segura, la revisión de caudales ecológicos en el Alto Tajo y unas reglas de explotación del acueducto basadas, subrayan, en criterios técnicos, junto a un precio del agua “asumible” para producir alimentos. También solicitan una moratoria vinculada al cierre de acuíferos hasta contar con caudales alternativos y que la planificación de la CHS garantice recursos para el regadío y permita los llamados “regadíos sociales”.

En el plano autonómico, piden modificar la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor para compatibilizar la protección ambiental con el ejercicio de la actividad agraria. Reclaman además un órgano autonómico de control de la cadena alimentaria con recursos suficientes, estudios de costes de producción y formación de precios, simplificación normativa, mejoras en sanidad vegetal (incluido el uso de drones), seguros agrarios más ajustados a la realidad del campo y un carné profesional para evitar trámites repetidos, como análisis clínicos reiterados.

Las organizaciones se muestran convencidas de que la protesta conjunta puede traducirse en medidas concretas, como ocurrió, defienden, tras anteriores movilizaciones, y llaman a sumarse a entidades que aspiren a un medio rural “vivo y dinámico”, sostenido por explotaciones familiares y profesionales.