El suelo industrial de Cartagena crecerá en torno a 700 hectáreas y no se autorizarán plantas de biogás y fotovoltaicas sobre él en la propuesta que el Gobierno municipal incorporará a la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, según explicó la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La propuesta contempla incorporar 6.984.744 metros cuadrados de nuevo suelo industrial, que se distribuye en tres ámbitos situados al norte y al este del municipio: el entorno de la depuradora de Cabezo Beaza, el espacio comprendido entre Los Camachos y el este de El Algar, y la zona de Los Carboneles, en la carretera de La Palma.

Esta ampliación se añade a la ya contemplada en Escombreras, donde en la aprobación inicial del plan la superficie industrial pasó de 7,7 a 9,8 millones de metros cuadrados, además de 459.000 metros cuadrados de suelo urbanizable industrial. Antes de la revisión del planeamiento, el suelo industrial existente en Cartagena suma 21.212.444 metros cuadrados, entre suelo urbano y urbanizable.

Durante la presentación, que contó con la presencia de los concejales Gonzalo López Pretel y Diego Ortega, el Gobierno subrayó que la ampliación permitirá al Ayuntamiento disponer de suelo propio para instalaciones de carácter estratégico, una capacidad que en la actualidad es limitada. La generación de nuevo suelo industrial garantizará además que el Consistorio cuente con el 10% de esa superficie, que podrá destinarse a infraestructuras estratégicas, servicios avanzados y apoyo a la captación de inversiones, con iniciativas como la reciente cesión de suelo al centro de capacitación de la FREM.

El documento definitivo refuerza la protección del uso industrial del suelo disponible. El Plan General establece que las plantas de biogás o fotovoltaicas quedarán prohibidas en ese tipo de suelo. Sólo podrán implantarse cuando estén diseñadas para el suministro energético de una inversión industrial. 

Otra de las novedades es la flexibilización de la altura máxima de las naves industriales. Frente al límite vigente de 7 metros, ampliable a 11 metros con puente grúa, el nuevo texto fija una altura de referencia de 12 metros y permite autorizar mayores alturas cuando el proyecto industrial lo requiera, eliminando en la práctica un tope que condicionaba determinadas actividades, en especial las logísticas.