El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha pasado, de golpe, de la foto de la firma al pasillo de los tribunales. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles, 21 de enero, solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para aclarar si el pacto es compatible con los Tratados comunitarios. La iniciativa salió adelante por un margen estrecho: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

El movimiento congela, en la práctica, el proceso de ratificación parlamentaria hasta que Luxemburgo se pronuncie. No es un “no” definitivo, pero sí un freno con consecuencias políticas y económicas, porque la Comisión Europea mantiene la puerta entreabierta a una aplicación provisional de la parte comercial si se dan las condiciones necesarias.

La revisión judicial se centra en dos grandes dudas. Por un lado, el llamado mecanismo de “reequilibrio”, que permitiría a los países de Mercosur impugnar normativa europea que consideren lesiva para sus exportaciones, algo que varios eurodiputados ven potencialmente chocante con la autonomía regulatoria de la UE. Por otro, la arquitectura elegida por Bruselas al fragmentar el acuerdo en un pacto de asociación y otro interino comercial, una vía que agiliza su tramitación al quedar la parte comercial en competencias exclusivas de la UE.

En paralelo, Bruselas sostiene que el acuerdo ya incorpora medidas para atender las preocupaciones del sector agrario y que las cuestiones legales “no están justificadas”, según defendió el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, tras la votación.

Un acuerdo “histórico” que ahora entra en pausa

La Comisión Europea presentó la firma como un hito geopolítico y económico. Según su propio comunicado, "el pacto crea un mercado potencial de alrededor de 700 millones de consumidores y prevé eliminar aranceles", con un ahorro estimado de 4.000 millones de euros anuales para las empresas europeas. También subraya salvaguardias, contingentes para productos sensibles, más auditorías y controles, y un mecanismo de protección para el sector agrario.

El problema es que, mientras Bruselas pone el foco en la oportunidad, buena parte del campo europeo mira el mismo texto y ve competencia desleal, estándares dispares y una amenaza directa a rentabilidades ya tensas.

El campo reacciona entre la cautela y la victoria

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) describió el escenario como un “periodo de incertidumbre” y pidió a la Eurocámara convalidar “de forma urgente” las salvaguardias, controles en frontera, reciprocidad productiva y auditorías a terceros países, idealmente en el próximo pleno de febrero. UPA también recuerda que pedir el dictamen no implica necesariamente estar contra el acuerdo, y que el voto aplaza la ratificación sin reabrir el contenido pactado.

Por su parte, COAG celebró la decisión como fruto de la presión “en la calle y en los despachos” y llamó a mantener las movilizaciones, con el 29 de enero como jornada señalada dentro de una semana de protestas a nivel estatal.

En la Región de Murcia, ASAJA Murcia valoró el freno como un “suspiro de oxígeno” para el campo y elevó el tono contra el acuerdo, reclamando que prime la seguridad alimentaria y rechazando compensaciones a sectores perjudicados, aludiendo a precedentes de acuerdos cuyos compromisos, a su juicio, no se han cumplido.

El Gobierno de España defiende el texto y alerta del coste de retrasarlo

El Gobierno español lamentó la denuncia ante el TJUE y confía en que el tribunal confirme la “solidez jurídica” del acuerdo, argumentando que este tipo de consultas son procedimientos habituales. También advirtió del coste económico de cada mes de retraso para competitividad y exportaciones, citando estimaciones que apuntan a pérdidas relevantes si la entrada en vigor se aplaza.

A partir de aquí, la película tiene dos guiones posibles. Por una parte, que la Comisión espere a la opinión del TJUE antes de mover ficha, o que empuje una aplicación provisional de la parte comercial si logra sostener políticamente ese paso. En cualquier caso, la experiencia europea sugiere que un dictamen puede alargarse entre 18 y 24 meses, lo que amplía el horizonte de incertidumbre.

Mientras tanto, el acuerdo no está muerto. Está en un limbo jurídico donde se decide si Mercosur será motor de exportaciones o un nuevo foco de conflicto agrario en pleno año de protestas.