Las organizaciones y plataformas en defensa del Mar Menor elevaron esta semana el tono frente a la reforma de la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor registrada por el Partido Popular en la Asamblea Regional el 23 de diciembre de 2025. En un acto celebrado en el edificio Moneo de Murcia, el colectivo impulsó un manifiesto para pedir la retirada de la iniciativa y exhibir rechazo social a los cambios planteados.

Entre las voces que participaron estuvo Julia Albaladejo, presidenta de Alianza Mar Menor (AMARME), que subrayó la amplitud de la convocatoria. “El Moneo casi se llenó” y acudieron “todo tipo de organizaciones, plataformas, asociaciones”, además de invitados del ámbito político y sindical, explicó. A su juicio, el eje común fue claro: “No podemos consentir que esta modificación se lleve a cabo”.

Albaladejo vincula la reforma al acuerdo presupuestario regional entre PP y Vox y sostiene que los cambios “benefician a toda la agroindustria”, a la que señala como principal foco del problema de contaminación por nutrientes. El Ministerio para la Transición Ecológica sitúa el exceso de nutrientes, especialmente nitratos y fosfatos, como uno de los motores de la eutrofización que sufre el ecosistema, con la agricultura intensiva entre los orígenes señalados de esos aportes.

En el centro del choque está el régimen sancionador. La presidenta de AMARME advierte de que la ley nació en un contexto de episodios críticos y buscaba blindar la recuperación con medidas y sanciones. “Esta ley se elaboró por una situación muy especial de deterioro”, dijo, recordando la “sopa verde” y los episodios de mortalidad masiva. Informes científicos y coberturas públicas han documentado esos eventos y los han relacionado con el proceso de eutrofización y el deterioro del sistema lagunar.

Según Albaladejo, la modificación plantea “rebajar esas sanciones notablemente”, lo que haría que “el carácter disuasorio” dejara de funcionar. La normativa vigente contempla multas que, según la gravedad, van desde 2.000 a 500.000 euros, además de reglas para evitar que el infractor salga beneficiado económicamente.

En su crítica, la dirigente de AMARME puso el foco en un segundo elemento. “Esta ley decía que todo aquel infractor que cometiera una sanción no sería beneficiado con subvenciones al menos durante dos años”, y denuncia que se pretende modificar esa premisa para que “los infractores sigan recibiendo subvenciones incluso si han cometido una infracción”. “Es un disparate”, resumió. La propuesta del PP, según informaciones públicas, incluye precisamente un cambio en el artículo 83.4 al pasar de que la pérdida del derecho a ayudas “conllevará” a que “podrá conllevar”, dentro de una reforma que el PP presenta como adaptación del régimen sancionador a normativa estatal.

El PP defiende que la modificación busca homologar cuantías de sanciones a la normativa estatal y sostiene que no se alteran “restricciones ni controles” actuales. Vox, por su parte, ha anunciado intención de introducir enmiendas en esa tramitación.

Albaladejo insiste en que el debate no puede separarse del cumplimiento. “Si efectivamente se hubiese llevado a cabo las actuaciones que están reflejadas en esta ley, que todavía no ha llevado a cabo desde el año 2020, seguramente la situación del Mar Menor no sería la misma”, afirmó, reclamando vigilancia permanente.

La presidenta de AMARME también situó la reforma en un marco político más amplio. Recordó que Vox fue el único partido que votó en contra en el Congreso en la tramitación de la iniciativa para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica, y que posteriormente el partido presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. El TC desestimó ese recurso y avaló la ley estatal.

En la entrevista, Albaladejo apeló además al “caso Topillo” como ejemplo de que la responsabilidad por la crisis del Mar Menor no se limita al ámbito privado. En esa causa se han investigado presuntas responsabilidades por vertidos y actuaciones administrativas, con referencias a empresas y ex altos cargos.

El movimiento ciudadano llega a este momento con otra sacudida institucional reciente. A mediados de diciembre, Teresa Vicente, presidenta del Comité de Representantes de la Tutoría del Mar Menor, y el secretario Alfonso Manzano presentaron su dimisión alegando “bloqueo” de las administraciones. Tras esa salida, se anunció que el nuevo presidente sería Daniel Caballero, jefe de la Demarcación de Costas.

Albaladejo dijo no conocer personalmente a Caballero, pero marcó el listón. Espera una presidencia “con imparcialidad total” y “siempre en beneficio del Mar Menor y de su cuenca”, sin guiarse por “intereses políticos” ni “intereses económicos”. En paralelo, reivindicó la figura de Teresa Vicente, promotora clave del movimiento por los derechos del Mar Menor y reconocida con el Goldman Environmental Prize, conocido como “Nobel verde”.

La presidenta de AMARME cerró con un llamamiento a sumar firmas al manifiesto que, según explicó, prevén registrar en la Asamblea Regional en torno a una semana para exigir la retirada de la reforma.