El terrible accidente de Adamuz quedará, para siempre, grabado en nuestra memoria. Las víctimas, los heridos, sus familias, en nuestros corazones. La incompetencia, la dejadez, la corrupción de quienes, teniendo encomendado el deber de velar por nosotros, de protegernos, de cumplir con el mandato de las urnas para que, cada día, nos vaya mejor, también.

El día después de la tragedia tuve que asomarme, como otros compañeros de profesión, al análisis acelerado de lo ocurrido, a las primeras hipótesis y a las posibles causas técnicas tras el desastre. Los expertos apuntaban ya, entonces, a la más que posible rotura de uno de los raíles, por falta de la adecuada conservación de las infraestructuras. Ya, entonces, el Gobierno -y todos aquellos determinados a defender lo indefendible por sectarismo o por dinero, aunque nos vaya la vida en ello- pedían “prudencia” y “no politizar” el dolor. Pero no lo hicieron por humanidad, ni por sensibilidad, ni siquiera por rigor técnico. Lo hacían por interés, como estrategia de control de daños, para ganar tiempo.

Primero, canalizar el shock colectivo con un perfil bajo y la apariencia de moderación; segundo, anestesiar a la sociedad en su conjunto en espera de las explicaciones por llegar; tercero, las filtraciones, dosificadas, de lo ocurrido en el centro de mando, las comunicaciones y los testimonios; por último, las conclusiones preliminares y la adjudicación de culpas que, en este caso, y ante la evidencia de una posible responsabilidad directa del Ministerio de Transportes, Adif y Renfe (convertidos en los últimos años en centro de negocios y agencia de colocación de meretrices y allegados) se orientaba hacia el 112. El único resquicio en el que era posible colar la sospecha de que los servicios de emergencia habrían podido llegar antes y salvar a alguno de los fallecidos, aunque los forenses ya han confirmado que, lamentablemente, todos nos dejaron en el acto.

Los mismos que nos pedían contención, altura institucional y que no especulásemos, horas antes, de repente desviando la mirada hacia las asistencias sanitarias de la Junta de Andalucía, a ver si cuela.

Mientras el primer informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya apunta que el mal estado de la vía fue causa y no consecuencia, el ministro Oscar Puente, insistiendo en negar cualquier deficiencia imputable a su departamento. Una lástima tener que recordarle que tardaron una hora, con sus sesenta minutos, uno detrás de otro, en saber que había un segundo tren comprometido. En la era de la tecnología, en el siglo XXI de la digitalización, durante una hora eterna despareció un tren de una pantalla de seguimiento y nadie supo de su localización exacta hasta que un pasajero, accidentado, caminando, se acercó a un guardia civil para alertarlo. Y ni una sola dimisión.

Nada nuevo en el horizonte. Son los mismos que sacaron conclusiones políticas inmediatas en el accidente del metro de Valencia, del YAK-42, tras el 11-M, con el Prestige, que buscaron hacerlo con las víctimas de la pandemia, pero sólo en la Comunidad de Madrid; y, que se repartían los puestos de los consejeros de la Radio Televisión Española (RTVE) mientras la gente de Valencia, el día después de la DANA, estaba incomunicada, pasando frío a oscuras, velando a sus muertos y sin agua o comida caliente, durante semanas. Ellos son los que ahora ruegan dejar a un lado el ‘politiqueo’. No señores, no, lecciones y complicidad ninguna.

Porque, ¿saben una cosa?, el problema no es sólo su incompetencia. El problema mayúsculo es seguir tolerándola y no reaccionar ante ella. Que la incapacidad manifiesta no produzca consecuencia alguna, en la práctica, para los incompetentes, es su mejor baza. Así que, claro que hay que politizar esta negligencia ferroviaria. Claro que hay que exigir dimisiones y ceses fulminantes. Claro que hay que reivindicar el funeral religioso, para quienes son creyentes, rocieros, cofrades hasta la médula, frente a la pantomima del homenaje de Estado laico. Claro que el 31 de enero hay que estar a un lado, el único correcto, con la familia onubense de la niña de 6 años que se ha quedado huérfana porque podríamos haber sido cualquiera. Pues claro que hay que politizar Adamuz y, politizarlo, mucho.