La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón y el almirante jefe del Arsenal de Cartagena, Alejandro Cuerda, junto con el resto de autoridades, tras la firma del convenio.
La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social y la Armada han formalizado la firma de un Protocolo General de Actuación que supone un gran paso en la relación entre la defensa y la economía productiva regional, según informaron fuentes de la Comunidad.
El acuerdo abre un marco de trabajo que une a la Armada, al Gobierno regional, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el tejido empresarial, con el objetivo de abordar retos tecnológicos concretos vinculados al ciclo de vida del submarino S-80 y posicionar a Cartagena como epicentro nacional en tecnologías duales en defensa naval.
"La alianza que hoy sellamos da un gran salto, abriendo las puertas del Arsenal de Cartagena a nuestras empresas, ofreciendo la oportunidad de competir y aportar soluciones innovadoras", ha dicho la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante la firma.
El protocolo se incluye en la línea 'Caetra Arsenal de Cartagena', que contempla una batería de actuaciones concretas: nuevas convocatorias para certificar y acreditar empresas regionales en los sistemas de defensa naval, programas de aceleración tecnológica en Inteligencia Artificial y otras tecnologías emergentes, formación práctica en colaboración con la UPCT y apoyo a la creación y consolidación de 'startups' y pymes innovadoras.
Todo ello en el marco del desarrollo del S-80, uno de los mayores proyectos tecnológicos de la Armada y la industria nacional.
Hasta la fecha, ya se han desarrollado diversas iniciativas conjuntas con el Arsenal de Cartagena como, por ejemplo, la definición de retos en la última convocatoria de ayudas a la innovación abierta 'Retos Caetra', que financia con hasta 40.000 euros las propuestas de resolución de los retos planteados; o el programa de 'Aceleración en IA aplicada a la defensa naval', que se puso en marcha a finales del pasado año.
El protocolo, sin compromiso financiero directo para las partes, tendrá una vigencia inicial de cuatro años y se desarrollará mediante la creación de una comisión mixta que garantizará el seguimiento y la eficacia de las actuaciones.










