La discusión sobre el absentismo ya no es tan abstracto, sino que ya está entrando en el salario real de quienes causan baja médica. No se está tocando la prestación mínima que marca la ley, pero sí el complemento que muchas empresas añadían hasta acercar o igualar el 100% del sueldo durante la incapacidad temporal.

Ese matiz es clave, ya que en enfermedad común, la referencia legal se mantiene: del día 4 al 20 se abona el 60% de la base reguladora y desde el día 21, el 75%, mientras que en los tres primeros días no existe obligación general de pago salvo mejora pactada. Lo que ahora se renegocia en muchos sectores es precisamente esa mejora.

En convenios publicados en las últimas semanas ya aparecen condiciones explícitas. En el de Nueva Pescanova, el complemento en IT por contingencia común se vincula a niveles de absentismo previos y distingue entre áreas con umbrales diferentes, además de introducir supuestos concretos para elevar la cobertura.

En Bosch, el texto asume que el absentismo médico tiene impacto en competitividad y mantiene el complemento con posibilidad de retirada en supuestos tasados, como la negativa a controles médicos previstos en convenio o incumplimientos formales de comunicación de la baja.

Por su parte, el convenio de Consum contempla pérdida del complemento si hay negativa a revisión médica, si se sobrepasan referencias temporales de duración para ciertos procesos o si existe reiteración en bajas y recaídas.

El cambio se produce en un contexto de presión estadística. La AIReF ha advertido de una “deficiencia estructural” en la gestión de la IT, con un aumento cercano al 60% en la incidencia de las bajas por contingencias comunes entre 2017 y 2024 y un alza del 15% en su duración media. También avisa del riesgo de “prolongaciones innecesarias” cuando fallan supervisión y coordinación entre sistema sanitario e INSS.

Qué están diciendo las patronales nacionales y regionales

En el plano nacional, la CEOE endureció su discurso el 23 de enero de 2026. Su directora de Empleo, Rosa Santos, planteó como “última opción” que las empresas dejen de pagar cotizaciones durante bajas si no se reforma el sistema, y reclamó más capacidad de actuación para las mutuas.

Un paso más allá fue CEPYME, que defendió “transformar” los complementos de incapacidad temporal en convenio (en lugar de mantener automáticamente coberturas al 100% del salario) y reforzar el papel de las mutuas para agilizar procesos.

En clave territorial, la patronal madrileña CEIM advirtió que el absentismo cuesta más de 6.000 millones al año a las empresas de Madrid, y elevó el foco sobre el impacto organizativo y de costes en las compañías.

En la Región de Murcia, CROEM ya había puesto cifras al problema, detallando 821 millones de euros de coste en 2024 y un incremento del 103% en seis años, según el informe presentado junto a AMAT. Su presidente, Miguel López Abad, lo definió como un freno para producción, competitividad y empleo.

Este marco empresarial coincide con el diagnóstico de la AIReF, que aprecia una “deficiencia estructural” en la gestión de la incapacidad temporal: entre 2017 y 2024 la incidencia subió un 60%, la duración media un 15% y el gasto alcanzó unos 16.500 millones en 2024.

La lectura social del problema, eso sí, sigue dividida. Mientras las patronales ponen el foco en costes y productividad, los sindicatos señalan sobre todo el deterioro de la atención sanitaria y las listas de espera como factor que alarga procesos. El resultado es un pulso que en 2026 se está resolviendo convenio a convenio, cláusula a cláusula, y con efecto directo en la nómina de los trabajadores de baja.