Imagen de archivoLa primera reunión entre el comité de empresa de Sabic Cartagena y la dirección europea de la multinacional, celebrada este viernes en Ámsterdam, terminó sin avances significativos. El presidente del comité, Pascual Sánchez, la definió como una cita de “toma de contacto” para fijar posiciones, con una prioridad explícita: “salvaguardar el empleo”.
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En paralelo, la plantilla mantuvo el calendario de presión con paros en el complejo de La Aljorra los días 6 y 7 de febrero, dentro de una secuencia de movilizaciones iniciada a finales de enero. El comité insiste en que, si no hay garantías de continuidad, exigirá un marco de protección laboral y social para los trabajadores afectados.
El conflicto local se enmarca en una operación corporativa de gran escala. El 8 de enero, SABIC anunció la venta de su negocio petroquímico europeo a AEQUITA (500 millones de dólares) y de su negocio de termoplásticos de ingeniería en Europa y América a Mutares (450 millones), por un valor conjunto de 950 millones. La compañía subrayó que el cierre está sujeto a autorizaciones regulatorias y procesos de consulta laboral.
Mutares, por su parte, sitúa el cierre de la adquisición en el segundo semestre de 2026 y describe el perímetro comprado como una plataforma con alrededor de 2.900 empleados y ocho centros productivos, entre ellos Cartagena.
La dimensión social del conflicto quedó patente en la manifestación del 3 de febrero en Cartagena, que reunió a unas 3.000 personas según convocantes y Delegación del Gobierno. La alcaldesa, Noelia Arroyo, defendió una posición institucional “sin fisuras” en apoyo a la plantilla y reclamó fondo social y plan de recolocación.
Por su parte, el presidente regional, Fernando López Miras, ya había pedido públicamente a la empresa un plan de recolocación y, junto al ministro de Industria, Jordi Hereu, solicitó una reunión “urgente” con el CEO de SABIC para aclarar el calendario de venta y la cobertura laboral de los afectados.
Ahora llega la parte decisiva: pasar de las buenas intenciones a compromisos firmes sobre empleo, condiciones y el futuro industrial en Cartagena.











