El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reactivado la negociación con sindicatos y patronal sobre la incapacidad temporal (IT) y ha anunciado la puesta en marcha “inminente” del Observatorio Estatal de la IT, una pieza que el Gobierno quiere convertir en eje técnico del nuevo ciclo de reformas sobre bajas médicas.

Según explicó el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, el Observatorio se articulará mediante orden ministerial y funcionará como órgano permanente de análisis, adscrito a la Secretaría de Estado, con enfoque técnico y criterios científicos para evaluar tendencias, problemas de gestión y posibles mejoras normativas.

El órgano estará integrado por representantes de Inclusión y Sanidad, además de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT. Quedarán fuera de su composición formal las mutuas y las comunidades autónomas, aunque el Ministerio reconoce el papel clave de ambas en el funcionamiento real de la prestación.

La creación del Observatorio enlaza con el mandato legal incorporado en diciembre de 2024, cuando el Real Decreto-ley 11/2024 añadió la disposición adicional sexagésima de la Ley General de la Seguridad Social, que ya preveía una comisión estatal para seguimiento de convenios con mutuas y análisis de la IT por contingencias comunes.

La mesa tripartita volverá a reunirse el próximo lunes, 16 de febrero, con la previsión de que el Ministerio remita antes un nuevo documento con medidas legales y reglamentarias. El objetivo oficial es desbloquear una negociación atascada desde otoño y cerrar un paquete que mejore coordinación, tiempos de gestión y seguridad jurídica del sistema.

Entre los asuntos que siguen sobre la mesa figura la reincorporación progresiva tras bajas de larga duración, propuesta que ha generado fricciones. La patronal rechaza que el modelo traslade más costes a las empresas, mientras que CCOO y UGT aceptan reforzar controles públicos, pero ponen el foco en la infrafinanciación sanitaria y en evitar enfoques que, a su juicio, puedan presionar altas prematuras.

El contexto del debate lo marca el informe reciente de la AIReF, que diagnostica una “deficiencia estructural” en la gestión de la IT: entre 2017 y 2024 la incidencia de las bajas por contingencias comunes habría aumentado cerca de un 60% y la duración media un 15%, con un gasto que se ha triplicado en la última década hasta alcanzar 16.500 millones en 2024.

Con este escenario, el Gobierno intenta combinar dos objetivos difíciles de equilibrar: proteger la recuperación de las personas trabajadoras y, al mismo tiempo, corregir ineficiencias de un sistema fragmentado entre atención primaria, INSS, mutuas, empresas y servicios autonómicos de salud. La próxima reunión dirá si el diálogo social pasa de la foto al acuerdo.