La regulación de las casas de apuestas ha vuelto este jueves al centro del debate en la Asamblea Regional. El diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) registró la pregunta oral 11L/POPL-0624 para exigir al Ejecutivo autonómico que, en el decreto en tramitación, la distancia mínima de 500 metros respecto a centros educativos se aplique también cuando se renueven licencias.

ð¨ð° López Miras protege a la patronal del juego antes que a nuestros jóvenes

Esta mañana en el Pleno de la Asamblea Regional hemos preguntado al consejero de Economía y Hacienda si el Gobierno aplicará la distancia mínima de 500 metros entre casas de apuestas y centros… pic.twitter.com/A9I465ceme

— José Luis Álvarez-Castellanos Rubio (@JLalvarezcast) February 12, 2026

Durante el Pleno de control, el Gobierno regional ha defendido que no aplicará de momento esa restricción a los establecimientos pendientes de renovación. El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, justificó la posición del Ejecutivo en la necesidad de preservar la seguridad jurídica.

IU-Verdes reclama que las renovaciones queden sujetas a las condiciones vigentes en el momento en que se solicitan. La formación ya había avanzado esta línea en enero, cuando señaló que la distancia de 500 metros debía afectar también a licencias renovadas y acusó al Gobierno regional de bloquear la reforma.

El núcleo jurídico del debate está en la Ley 2/1995 del Juego y Apuestas de la Región de Murcia. Su artículo 7.2 establece que las autorizaciones son temporales y pueden renovarse si cumplen los requisitos exigidos en el momento de solicitar la renovación, un punto que cada bloque interpreta de forma distinta en su aplicación práctica.

La formación de izquierdas recuerda que la ludopatía, especialmente entre jóvenes, es un problema creciente y que la exposición constante al juego presencial a escasos metros de institutos y colegios normaliza una práctica que puede derivar en adicción. “No se puede hablar de protección de menores mientras se permite que el negocio del juego siga haciendo caja a la puerta de los centros educativos”, señalan.

Como antecedente, el proyecto de modificación normativa publicado por la Comunidad en 2019 ya recogía que no podrían autorizarse nuevos salones de juego a menos de 500 metros de centros docentes y que la distancia entre salones se ampliaría de 500 metros a 1 kilómetro. Ese texto sigue siendo una referencia en la discusión parlamentaria actual.

Por encima del trámite jurídico, aquí se discute una prioridad de salud pública. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad (ESTUDES 2025) indican que el 13% de estudiantes de 14 a 18 años jugó de forma online y el 20,9% de forma presencial en el último año, con mayor incidencia en chicos. El informe también alerta de un aumento de este problema en varones (8,4%) y entre quienes juegan online (27,7%), además de 4.916 admisiones a tratamiento por adicciones comportamentales en 2023, mayoritariamente vinculadas al juego.

Otras comunidades ya han regulado distancias con más o menos intensidad, pero con un mismo objetivo: reducir la exposición en menores. La Comunitat Valenciana fija 850 metros respecto a centros educativos de Secundaria, Bachillerato y FP básica, y 500 metros entre determinados locales de juego. Castilla-La Mancha establece 300 metros a centros de enseñanza y 150 entre locales, aunque introdujo un periodo transitorio para parte de los establecimientos hasta 2029.

Si la Región de Murcia quiere una norma eficaz, la distancia de 500 metros debe aplicarse también en las renovaciones. Dejar fuera ese momento administrativo vacía la medida de efecto real y prolonga durante años la cercanía de locales de apuestas a entornos escolares. No se trata de criminalizar un sector, sino de ordenar su implantación cuando hay evidencia de riesgo en población joven y obligación institucional de prevención.