La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur), en representación de la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, ha valorado de forma positiva el compromiso trasladado por el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, sobre la reapertura de la línea por Chinchilla en 2026. Esta posición se fijó tras la reunión mantenida esta semana entre ambas partes.

Tras ese encuentro, el presidente de Consumur, Roberto Barceló, expresó una confianza prudente. “Debemos confiar en sus palabras”, afirmó. Al mismo tiempo, dejó claro que la Comisión no rebajará su actividad y advirtió de que no se puede “relajar ni ralentizar” la hoja de ruta, porque 2026 debe marcar “un antes y un después” para el corredor.

La organización mantiene dos ejes de reivindicación. Por un lado, la recuperación de los servicios ferroviarios con garantía pública, incluyendo la petición de declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) en el tramo Murcia-Albacete y el restablecimiento de los Alvia S-730 entre Cartagena y Madrid. Por otro, el impulso técnico del corredor con estudios informativos y ambientales que permitan avanzar en su modernización y electrificación.

El delegado del Gobierno ya afirmó el 26 de enero que su compromiso es recuperar el servicio a finales de 2026, en cuanto concluyan las obras en marcha. La línea permanece suspendida desde febrero de 2022, según se recordó en los últimos debates públicos sobre el corredor.

En el plano parlamentario, el PP retiró su moción inicial en la Asamblea Regional para sustituirla por una declaración institucional, una vía que exige unanimidad. Consumur valoró ese cambio al considerar que facilita un marco de acuerdo más amplio. Además, la Cámara regional ya aprobó en diciembre una declaración institucional unánime en defensa de la reapertura y modernización del corredor.

Con este escenario, la clave informativa pasa de la disputa política al seguimiento de hitos concretos: reapertura operativa, recuperación de servicios directos y avance administrativo de la modernización. Consumur, por su parte, insiste en mantener movilización social, diálogo institucional y presión pública hasta que los compromisos se traduzcan en trenes circulando de nuevo