El Parlamento Europeo ha dado luz verde a nuevas normas para reforzar la protección de los agricultores frente a prácticas comerciales desleales, especialmente en casos transfronterizos, obligando a las autoridades nacionales a cooperar y actuar para evitar conductas abusivas de los grandes compradores y minoristas.

El texto ha sido aprobado por amplia mayoría, con 555 votos a favor, ninguno en contra y 26 abstenciones y, tal y como explica la Eurocámara, busca garantizar que los trabajadores del sector agrario reciban una remuneración justa por su trabajo.

Entre las principales novedades, figura la posibilidad de que los Estados miembro intervengan por iniciativa propia para poner fin a prácticas comerciales desleales transfronterizas, sin necesidad de que el productor presente una denuncia formal.

Según explican los eurodiputados, este mecanismo replica el sistema de protección existente para las indicaciones geográficas en el mercado único y pretende evitar que los agricultores, a menudo en posición de debilidad negociadora, tengan que enfrentarse solos a grandes operadores.

La nueva normativa también aborda los casos en los que los compradores estén establecidos fuera de la Unión. Para impedir que las empresas eludan la legislación trasladando su sede fuera del bloque, se exigirá que designen un representante o punto de contacto responsable ante la UE en caso de investigación, que será el interlocutor de las autoridades competentes y deberá facilitar las pesquisas sobre posibles prácticas desleales.