El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defenderá este viernes 13 de febrero de 2026 en el Consejo EPSCO de la Unión Europea la implantación de un impuesto del 2% anual a los grandes patrimonios, en línea con la conocida como tasa Zucman. La propuesta se dirige a fortunas superiores a 100 millones de euros y se presenta como una vía para reforzar la financiación de políticas sociales.

La iniciativa se plantea en el marco de la reunión ministerial celebrada en Chipre, centrada en empleo y política social. En ese foro, España prevé defender que una mayor progresividad fiscal puede sostener mejor la respuesta pública frente a la desigualdad y la pobreza, junto con otras medidas de cohesión social.

Sobre el impacto económico, el Ministerio remite a estimaciones del Observatorio Fiscal de la UE que sitúan en hasta 5.200 millones de euros la recaudación anual potencial en España para un esquema del 2% sobre patrimonios de más de 100 millones. El propio Observatorio, en una nota técnica de 2025, cifra además en 67.200 millones la recaudación agregada en la UE bajo ese escenario para “centimillonarios”.

El planteamiento llega días después de que el Consejo de Ministros aprobara la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, que incluye entre sus metas el refuerzo del Estado del bienestar y la prestación universal por crianza como eje de política social.

Ahora bien, la intervención española en EPSCO abre un debate político, no una aprobación inmediata de norma europea. En materia tributaria, la UE suele exigir unanimidad de los Estados miembros en el Consejo, además de los procedimientos legislativos correspondientes, lo que anticipa una negociación compleja si la propuesta quisiera escalar al plano comunitario.

En clave nacional, el debate se suma a un sistema que ya incluye el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. La discusión de fondo no es solo si crear una nueva figura, sino cómo articularla con la arquitectura fiscal existente para evitar solapamientos y mejorar eficacia recaudatoria y redistributiva.

Tras el Consejo, Bustinduy tiene prevista una reunión con el ministro irlandés Dara Calleary para analizar experiencias comparadas de apoyo a la infancia. Irlanda mantiene una prestación universal por hijo (Child Benefit) y, desde 2024, añadió un pago específico de nacimiento, elementos que España cita como referencia en este debate.