Hace tan solo dos días que Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’, dejaba atrás la prisión de Martunete en régimen de semilibertad, con gorra y bajo una enorme capucha negra, como si aún estuviese en los años de plomo de ETA. De lunes a viernes camina libre por San Sebastián y hasta tiene un trabajo, cuentan. El exjefe militar de la banda terrorista, el que ordenó el atentado de la T4 en Barajas con el que se rompió la tregua de 2006, el que acumula más de 400 años de condena por asesinatos de hombres, mujeres, niños y ancianos; encargaba secuestros y ordenaba coches bomba, disfruta ahora de una “fórmula intermedia” vía artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para preparar su salida definitiva.

No es un tercer grado, explicaban desde el Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Pero no nos engañemos: es la antesala de la libertad. Txeroki fue extraditado desde Francia en 2024 y acabó entre las rejas de una cárcel vasca, gracias a la transferencia de prisiones que Pedro Sánchez concedió al PNV, como pago a los apoyos parlamentarios de la formación, sumándose a una lista cada vez más larga de presos beneficiados por los pactos del PSOE con los herederos políticos del horror, EH Bildu.

No en vano, desde octubre de 2021, cuando se traspasaron las competencias penitenciarias al Ejecutivo autonómico, no ha cesado el goteo constante de beneficios para los asesinos de 829 personas, ciudadanos vascos y, por lo tanto, españoles, que no podrán volver nunca más a su tierra porque están bajo ella. En cambio, más de la mitad de los etarras encarcelados ya cumplen su condena fuera de prisión o sólo la visitan para dormir. En 2025, las cifras fueron demoledoras: el 66 % de los terroristas de la organización ya no pisaba el patio como recluso ordinario. Ahora, en 2026, con Txeroki fuera, el porcentaje sigue subiendo.
 

El caso de Txeroki no es aislado. Es el símbolo de una política que el PSOE ha impulsado desde la investidura de Sánchez en 2018 y que se aceleró con el pacto de legislatura con Bildu. El acercamiento masivo de presos, el descuento de los años de condena cumplidos en Francia, los atajos legales que les recortan condenas o el blanqueamiento institucional de los máximos representantes del fascismo político en nuestra historia reciente, todo, forma parte del mismo guion. El de un PSOE que -tenía razón Patxi López- ha preferido alejarse de sus propios muertos para acercarse a los verdugos. Los socialistas tenían que elegir entre Felipe González o Txeroki como referente y han elegido. Presupuestos a cambio de presos. Sánchez lo entendió a la perfección. No hace falta arrepentimiento, ni la más mínima colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los crímenes no resueltos. Cualquier cosa es válida con tal de que seguir en el sillón de La Moncloa.

Una amnistía encubierta e inmoral porque mientras Txeroki sale camuflado a trabajar o “hacer voluntariado” -qué ironía-, las víctimas y sus familias todavía esperan plena Justicia sobre cientos de atentados sin que los culpables hayan pagado por ello. Los etarras disfrutan de sus casas y de los suyos, gratis, sin haber aportado ni un dato sobre armas, cabecillas o cómplices. En contra del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que, en diciembre de 2025, pidió más informes sobre el último etarra beneficiado, el Gobierno vasco se lo saltó, dejó de lado el análisis objetivo completo y aplicó su voluntad. El mensaje es claro: la conveniencia pesa más que la convicción, el interés pesa más que la dignidad, la política pesa más que la ley. Llegados a este punto, solo puede una preguntarse qué estaría pensando el profesor Francisco Tomás y Valiente ente semejante infamia desde su despacho de la Universidad, donde fue asesinado por demócrata y constitucionalista, a bocajarro, hace hoy treinta años.
 

Desde que Sánchez llegó a la Presidencia, el número de etarras excarcelados o beneficiados se ha disparado. Las transferencias a cárceles vascas, la reforma que permite descontarles el tiempo ya cumplido en prisiones francesas, los permisos sin más control que la necesidad de seguir en el poder, a cualquier precio. Todo converge en el mismo punto que pasa por desjudicializar el final de una banda asesina. Da igual cuánto lo griten las asociaciones de víctimas en cada acto y ocasión. En La Moncloa se encogen de hombros y miran hacia otro lado. El precio de la estabilidad parlamentaria es demasiado alto y se paga diluyendo la memoria de Miguel Ángel Blanco; ignorando el dolor de las familias, de las viudas, de los huérfanos, de los lisiados…; cercenando el honor de todos los guardias civiles, policías y militares acribillados por el mero hecho de ponerse al servicio del Estado.
 

No, Txeroki no es un preso cualquiera. Fue el máximo responsable del aparato militar en los años más duros de ETA. Bajo su mando decenas de personas perdieron la vida o el alma, para siempre, mientras a él se le permite pasear por Donostia y abrazar a los suyos. El Gobierno vasco, con el PSOE a cargo de Interior, le ha abierto la puerta de par en par. Y, como mínimo, tenemos la obligación moral de denunciarlo.
 

Esto no es reinserción. Es una rendición política en la que las víctimas, una vez más, son las que el precio de la aritmética parlamentaria. Es difícil describir, con palabras, el asco que provoca la imagen de Txeroki saliendo de prisión, cada mañana. Lo es, todavía más, ver a una gran parte de España instalada en la vergüenza de olvidar demasiado pronto.