El Gobierno prepara un nuevo esquema de financiación para promover vivienda asequible que incluye condonaciones parciales de deuda de hasta el 30% para promotores, vinculadas al cumplimiento de requisitos del programa. La medida se canalizará a través del ICO dentro del vehículo España Crece y forma parte del paquete con el que el Ejecutivo quiere aumentar oferta en alquiler asequible.

El principal obstáculo para sacar adelante vivienda asequible sigue siendo financiero, ya que en muchos proyectos, las rentas del alquiler protegido no compensan los costes de obra y financiación. Con préstamos a largo plazo y quitas condicionadas, el Ejecutivo pretende reducir esa brecha y activar promociones que hoy no llegan a ejecutarse por falta de viabilidad económica.

Pedro Sánchez anunció que España Crece movilizará 23.000 millones de euros para vivienda, 14.000 millones vía ICO y 9.000 millones con capital privado, con el objetivo de financiar hasta 15.000 viviendas al año. En su presentación defendió que “tenemos que construir más viviendas públicas y asequibles. La falta de financiación no puede ser otro cuello de botella” y añadió que el Estado pondrá “una alfombra roja” al inversor privado, “pero no para especular con un derecho constitucional”.

Déficit de oferta y presión en precios

La iniciativa llega en un mercado tensionado por la escasez de vivienda disponible en las zonas de mayor demanda. El Banco de España y distintos análisis sectoriales vienen señalando un déficit estructural elevado y persistente, mientras la creación de hogares sigue presionando al alza los precios si la oferta no acelera.

En paralelo, Bankinter ha revisado al alza su previsión para el precio de la vivienda en 2026, en un escenario donde la brecha entre nueva demanda y nueva construcción continúa abierta. Ese desajuste explica por qué el Ejecutivo ha priorizado instrumentos de financiación con mayor efecto palanca sobre oferta nueva.

El plan abre una oportunidad, pero también deja muchos deberes. El propio sector inversor reclama reglas estables, rapidez administrativa y una gobernanza profesional del instrumento. Sánchez aseguró que el vehículo tendrá una gestión “transparente”, “rigurosa” y “basada en las mejores prácticas internacionales”, además de rendición de cuentas pública.

La clave, en todo caso, no será el anuncio, sino la ejecución: suelos disponibles, plazos urbanísticos, selección de proyectos, seguridad jurídica y control de que la ayuda pública acabe en vivienda realmente asequible y no en rentas capturadas por el mercado.