La Agenda OCDE 2026 se perfila como una referencia de primer orden para orientar la inversión y el crecimiento en Iberoamérica en un contexto internacional marcado por la reconfiguración productiva y el endurecimiento del pulso regulatorio. Esa fue una de las principales conclusiones de la jornada Brújula de los Negocios: Agenda OCDE 2026, organizada por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), que reunió a perfiles del ámbito institucional, empresarial y académico.

Durante el encuentro, el secretario permanente del CEIB, Narciso Casado, puso el acento en la rapidez con la que están cambiando “las reglas del juego” y defendió que la competitividad, la seguridad jurídica y la capacidad de atraer inversión dependen en buena medida de que las empresas estén presentes en los espacios donde se diseñan esas normas. En esa línea, sostuvo que la participación del sector privado en foros internacionales, incluidas las Cumbres Iberoamericanas, no es un gesto protocolario, sino una decisión estratégica. El objetivo, señaló, es evitar que la sobrerregulación y el incremento de cargas burocráticas terminen actuando como freno al crecimiento.

Con un enfoque similar, Fernando Treviño, vicepresidente nacional de Asuntos Internacionales y Laborales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y miembro del Comité Ejecutivo de Business en la OECD (BIAC), reclamó trasladar propuestas concretas en ámbitos que condicionan directamente la actividad económica. Entre ellos citó el comercio, la digitalización, la fiscalidad, el mercado laboral y el ecosistema de pymes, con la idea de impulsar marcos regulatorios que aporten certidumbre y favorezcan la inversión. En su intervención, defendió que la región latinoamericana debe reforzar su posicionamiento en el nuevo mapa productivo global y aprovechar la Agenda OCDE 2026 como una oportunidad para avanzar hacia estándares más homogéneos y entornos más previsibles.

El análisis se completó con la perspectiva académica. El profesor de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Navarra, Jacobo Ramos-Folch, apuntó que América Latina afronta una coyuntura decisiva para fortalecer su integración y la convergencia regulatoria. A su juicio, esos dos elementos son claves para evitar dinámicas de fragmentación y mejorar el atractivo de la región como destino inversor en un escenario de competencia creciente por el capital.

Por su parte, Daniel Massó, responsable de Conocimiento y Agenda 2030 de la Asociación Española de Normalización (UNE), introdujo el papel de la regulación técnica y los estándares. Su planteamiento fue que la normalización debe reforzarse con referencias alineadas internacionalmente para impedir que los requisitos técnicos se conviertan en barreras encubiertas al comercio, un riesgo que puede intensificarse cuando se multiplican normas y exigencias sin coordinación suficiente.

En conjunto, la Agenda OCDE 2026 no se entiende solo como un documento de orientación, sino como una hoja de ruta con impacto directo en la capacidad de Iberoamérica para ofrecer seguridad jurídica, reglas comparables y un terreno más estable para la inversión. Si las normas van a marcar el ritmo, la tesis compartida fue que conviene estar en la sala cuando se escriben.