El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la creación de una comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España, una iniciativa impulsada por el PP que sale adelante con 150 votos a favor, 96 en contra y 15 abstenciones. El objetivo del nuevo órgano será analizar la situación del sistema ferroviario y el alcance de las inversiones y el mantenimiento, en un debate que ha vuelto a tensar la sesión parlamentaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero de 2026.

La comisión nace a propuesta del Grupo Popular y, según el reparto de voto, contó con el apoyo de PP, Vox, UPN y Junts, mientras que el PSOE y otros grupos votaron en contra y varias formaciones se abstuvieron. Junts argumentó su respaldo por el desgaste acumulado en Cataluña con Rodalies y la necesidad de disponer de más información sobre inversiones y ejecución.

En el turno de defensa, el senador del PP por Murcia José Ramón Díez de Revenga sostuvo que el servicio ferroviario “se ha deteriorado” en los últimos años y reclamó “responsabilidades políticas”, además de pedir la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. En su intervención, acusó al Gobierno de no atender advertencias de maquinistas, usuarios y organismos independientes sobre deficiencias en infraestructuras y vinculó esa falta de respuesta con el siniestro de Adamuz, que calificó de evitable si se hubieran atendido esas alertas.

El dirigente popular también situó en el centro de la investigación el destino de los recursos públicos, con el foco en si las partidas se han orientado al mantenimiento de la red o a otros gastos que mencionó como ejemplo en el debate. Y defendió la comisión como una herramienta de control para depurar responsabilidades de gestión en un servicio que calificó de esencial, insistiendo en que la confianza de los usuarios se ha resentido.

Desde el PP, la senadora María Patricio Zafra elevó el tono al dirigirse a los socialistas y exigir, en sus palabras, una “responsabilidad moral” del Gobierno. Criticó a Puente y reprochó a los socios del Ejecutivo que lo respalden, además de aludir a presuntas irregularidades que, según dijo, recogen informes de la UCO. Cerró su intervención reclamando que se llegue “hasta el final” para aclarar qué falló y quién asumió decisiones que no debía.

En la réplica, el PSOE rechazó la comisión y defendió que el ministro ha comparecido en varias ocasiones para dar explicaciones, acusando al PP de buscar desgaste político. Otros grupos, como el PNV, justificaron su no por considerar que hay una investigación técnica pendiente y advirtieron contra convertir la comisión en un escenario de “escarnio” en lugar de análisis. ERC, por su parte, pidió más transparencia y documentación, señalando la opacidad del gestor de infraestructuras.

Con su aprobación, la Cámara Alta abre ahora un marco formal para solicitar documentación y llamar a comparecientes, con la red ferroviaria, la planificación del mantenimiento y la ejecución de inversiones como ejes previsibles del trabajo parlamentario.