El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves 19 de febrero de 2026 el Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. La norma establece una cuantía de 40,70 euros al día o 1.221 euros al mes.

Con esta actualización, el salario mínimo de 2026 incorpora un incremento del 3,1% respecto al fijado para 2025. En términos anuales, el propio decreto fija como referencia un mínimo de 17.094 euros en cómputo anual, al incorporar las reglas de comparación previstas en el Estatuto de los Trabajadores para compensación y absorción.

El texto también concreta las cuantías aplicables a colectivos con regulación específica. Para las personas trabajadoras con contratos de duración determinada cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, el salario mínimo no podrá ser inferior a 57,82 euros por jornada legal. En el caso del empleo de hogar por horas en régimen externo, el mínimo se fija en 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

Junto a la publicación del SMI, el BOE incluye además un ajuste fiscal para evitar que el aumento se traduzca en una mayor carga tributaria para quienes se mueven en la parte baja de la tabla salarial. En concreto, el Real Decreto-ley 5/2026 modifica la Ley del IRPF para articular una deducción ligada a rendimientos del trabajo: se prevé una deducción de 590,89 euros para rendimientos íntegros del trabajo iguales o inferiores a 17.094 euros, y un esquema decreciente hasta 20.048,45 euros. El acceso a la deducción exige, entre otros requisitos, no superar 6.500 euros en otras rentas (excluidas las exentas) distintas de las del trabajo.

La subida llega tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO, mientras que las organizaciones empresariales no se han sumado al pacto. UGT defendió que el nuevo SMI “consolida” la senda de dignificación salarial, subrayó la necesidad de mantener la neutralidad fiscal para que el incremento llegue “neto” a las nóminas y situó el impacto en más de 2,5 millones de personas trabajadoras, con especial incidencia en mujeres y jóvenes. En paralelo, un análisis del Gabinete Económico de CCOO estima 1,66 millones de beneficiarios potenciales (sumando jornada completa y parcial) y destaca que la incidencia relativa es mayor en comunidades como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía, así como en sectores de salarios más bajos como agricultura, comercio y hostelería.

En el lado empresarial, CEOE y Cepyme han vuelto a cargar contra el procedimiento y el clima de negociación. En un comunicado difundido durante las negociaciones, denunciaron “falta de respeto” al diálogo social y calificaron de “intervencionismo” el planteamiento del Gobierno, además de cuestionar los incentivos asociados a la actualización del SMI. A esta tensión se han sumado los cruces públicos entre el Ejecutivo y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instara a la patronal a respaldar mejoras salariales; Garamendi reprochó los ataques personales y la escalada de acusaciones desde el ámbito político.