Las comunidades autónomas con litoral han acordado reforzar un frente común para reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) la transferencia efectiva de las competencias de Costas y una reforma de la Ley de Costas y su reglamento que, según sostienen, se ajuste mejor al reparto competencial y a la diversidad de realidades en cada tramo del litoral. El posicionamiento se formalizó este jueves en una reunión multilateral celebrada en la Casa de Galicia, en Madrid, en la que participaron representantes de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunitat Valenciana, Galicia, País Vasco y la Región de Murcia.

En el caso murciano, el director general de Litoral y Puertos, Pablo Marín, defendió que “ha llegado el momento” de avanzar hacia un modelo de gestión más próximo y coordinado, con capacidad para dar respuestas más rápidas a las demandas ciudadanas y a los sectores que operan en la costa. El argumento que comparten varias comunidades es que la experiencia autonómica en ordenación del territorio, infraestructuras y planificación permite asumir un papel más determinante en la gestión del dominio público marítimo-terrestre.

El encuentro se produce en un contexto de tensión institucional por la reforma del Reglamento General de Costas que impulsa el Gobierno. Según ha trasladado el Miteco, el Ejecutivo quiere tener lista esa modificación antes del verano para dar respuesta al procedimiento abierto en Bruselas, con el objetivo de que las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para actividades económicas se concedan mediante concurso público y sin prórroga automática. El Ministerio mantiene abierta una consulta pública previa entre el 4 y el 19 de febrero de 2026.

Desde varias autonomías se ha pedido, además, una convocatoria formal con el Ministerio para abordar no solo el marco normativo, sino también cuestiones como las obras pendientes en distintos tramos de costa y la necesidad de mejorar la coordinación en deslindes y autorizaciones. En paralelo, Galicia ha informado de un acuerdo para crear un grupo de trabajo entre regiones costeras con el fin de “diseñar con rigor y de forma coordinada” una nueva ley que aborde la ordenación del litoral de forma integrada, incorporando dimensión ambiental, social y económica.

La reunión de Madrid enlaza con el manifiesto suscrito en Valencia el 22 de julio de 2025 por varias comunidades, entre ellas la Región de Murcia, en el que ya se reclamaba una reforma legislativa para ejercer plenamente competencias en la gestión del litoral, así como una planificación estable de inversiones y la cesión de los cánones asociados al dominio público marítimo-terrestre para poder afrontar actuaciones de protección y regeneración.

Con este nuevo paso, las autonomías buscan trasladar una posición compartida: más capacidad de gestión desde el territorio, reglas claras y un marco que reduzca incertidumbres para los núcleos costeros y para las actividades económicas vinculadas al litoral, mientras el Gobierno acelera su reforma del reglamento con el foco puesto en el encaje con la normativa europea.