La batalla del agua ha vuelto a colocarse en primera línea este jueves en Jumilla, donde el presidente de la Región, Fernando López Miras, presidió una asamblea abierta del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) convocada para analizar el corto plazo del uso de aguas subterráneas en la cuenca del Segura. El jefe del Ejecutivo autonómico aseguró que la Comunidad vive una “preocupación máxima” ante la previsión de recorte del trasvase Tajo-Segura y el escenario de cierre de pozos a partir de 2027, un horizonte que, en su discurso, tensiona la planificación del regadío y la seguridad hídrica del campo.

El último informe del Ministerio para la Transición Ecológica sitúa la reserva hídrica española en el 82,5% (46.229 hm³). Pero el reparto por demarcaciones muestra una realidad distinta: el Segura está al 45,6% (520 hm³), muy por debajo de la media nacional y también del Tajo, alrededor del 83%.

En ese contraste, embalses altos en el conjunto del país y una cuenca del Segura con reservas notablemente más ajustadas, el presidente regional situó su acusación al Gobierno central: “España no tiene una política hídrica” que garantice, dijo, que el agua disponible llegue “a todos los territorios”. Su planteamiento enlaza con el núcleo del conflicto territorial del trasvase: la Región defiende que, sin aportes externos estables, el sistema productivo del sureste queda expuesto, y más aún si se cierran captaciones subterráneas de apoyo en comarcas como el Altiplano.

La referencia al Altiplano no fue casual. López Miras advirtió de que una restricción severa de acuíferos en esa zona, donde el recurso subterráneo es clave para sostener actividad agrícola, tendría un impacto especialmente duro en la comarca. Como respuesta, defendió “soluciones estructurales” y puso sobre la mesa una propuesta concreta que pasa por conectar el Altiplano con el trasvase Júcar-Vinalopó, alegando que no tendría sentido mantener aislada a la zona si existen infraestructuras próximas que, a su juicio, podrían aprovecharse mejor.

El presidente regional también apeló al marco europeo para sostener otra de sus demandas: la posibilidad de ampliar plazos más allá de 2027 para determinadas masas de agua subterránea. La Directiva Marco del Agua fija objetivos ambientales y permite, bajo condiciones, extender los plazos cuando concurren razones de viabilidad técnica, costes desproporcionados o condicionantes naturales, siempre que se justifique en los planes de cuenca. El Ejecutivo autonómico asegura haber solicitado al Ministerio esas prórrogas para casos en los que no se pueda alcanzar el “buen estado” dentro del calendario estándar.

La asamblea del Scrats, titulada ‘Retos a corto plazo para la utilización de las aguas subterráneas en la cuenca del Segura’, sirvió así de escenario para lanzar dos mensajes: por un lado, una denuncia política del rumbo que atribuye al Gobierno central en trasvase y pozos; por otro, un intento de ordenar un relato de alternativas, conexiones, planificación e instrumentos de prórroga, en un momento en el que la Región vuelve a medir su futuro agrícola con la regla del agua disponible