Un auto judicial ha condenado al Ayuntamiento de Cartagena a abonar una indemnización que ronda los 54 millones de euros a los promotores del proyecto urbanístico de El Vivero, en el entorno de La Manga. El equipo de gobierno ha anunciado que recurrirá la resolución y sostiene que el Consistorio “no tiene que indemnizar” con esas cuantías, por lo que aportará informes jurídicos y técnicos para sustentar el recurso.

La resolución llega pocos días después de que el Pleno municipal aprobara provisionalmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el primero en décadas, con un apoyo amplio que incluyó a PP, PSOE y Vox. Ese contexto ha convertido el auto en munición política inmediata y ha reactivado el debate sobre el coste económico de los cambios de planeamiento cuando existen procedimientos judiciales en curso.

Desde MC Cartagena, su portavoz Jesús Giménez Gallo ha vinculado la indemnización a lo que considera una gestión urbanística fallida y ha reclamado una Junta de Portavoces urgente para que el gobierno local informe no solo de este caso, sino del conjunto de pleitos y reclamaciones que puedan derivar en nuevas responsabilidades patrimoniales. MC defiende que ya advirtió del riesgo de indemnizaciones durante el debate del PGOU y critica que no se hubiera trasladado “con claridad” el alcance de los procedimientos abiertos.

El Ayuntamiento, por su parte, apoya su defensa en que el suelo fue desclasificado con la “unanimidad” del Pleno en su día y que esa decisión, ratificada ahora en el marco del planeamiento, se sustenta en la moratoria urbanística y en la posterior Ley del Mar Menor, que limita nuevos desarrollos en el entorno de la laguna. En esa línea, la alcaldesa Noelia Arroyo ha insistido en que los grandes proyectos concebidos hace décadas son hoy “inasumibles” en el Mar Menor.

El caso de El Vivero no es nuevo en la agenda municipal. En 2021, el Pleno llegó a pedir al Gobierno de España que adquiriera los terrenos del plan parcial, en un contexto marcado por las restricciones asociadas a la protección ambiental del entorno del Mar Menor y por la incertidumbre sobre la viabilidad del desarrollo.

Con el recurso anunciado, el procedimiento entra ahora en una fase clave: por un lado, el Consistorio intenta evitar una salida económica que considera injustificada; por otro, la oposición exige conocer si hay más expedientes similares en la recámara.