Se acerca el 8-M. La fecha clave del autodenominado ‘feminismo’ patrio que, cada año, en los últimos siete, desde que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos llegó a La Moncloa, ha tomado las calles bajo una falsa bandera que, en los últimos meses se está desintegrando como un azucarillo en un vaso de agua. Afortunadamente para todos, este año el espectáculo habitual, el uso selectivo de la violencia sexual como arma arrojadiza en la contienda política no tendrá ningún recorrido, más allá de la promoción de aquellas para las que las mujeres se han convertido en un valor refugio de su estatus político y económico. Porque fuera de la política, para las del “hermana, yo sí te creo”, pero solo a veces, dependiendo del signo ideológico del violador, hace mucho frío fuera de lo público.

Casos graves como el de La Manada de Pamplona -luego ha habido muchas más, buena parte de ellas perpetradas por extranjeros y, en consecuencia, convenientemente silenciadas- o el polémico beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso se convirtieron, casi de inmediato, en munición propagandística de primer orden para el feminismo institucional encarnado por el PSOE, Podemos, Sumar y sus satélites mediáticos. Las manifestaciones, los eslóganes, las soflamas y las comparecencias televisivas se multiplicaron entonces con una rapidez y una intensidad que parecían responder a una consigna perfectamente coordinada: “Esto es patriarcado, esto es lo que hay que erradicar”. Y, en parte, tenían razón: toda agresión sexual merece condena sin paliativos, toda vulneración del consentimiento libre y voluntario es intolerable.

Pero lo que resulta indecente, hipócrita y profundamente machista es el silencio atronador que se produce cuando el agresor, presunto o probado, lleva las siglas adecuadas o pertenece al entorno del poder izquierdista o afín al Ejecutivo. Ahí el feminismo oficial español se convierte en un feminismo de escaparate, en un instrumento partidista que solo activa sus altavoces cuando es el enemigo político el que queda en el punto de mira. Entonces, las camaradas miran hacia otro lado y evitan condenar a los Paco Salazar, José Luis Ábalos y Koldo, el recién dimitido DAO o, incluso, la mismísima llegada de Pedro Sánchez a la poltrona gracias, presuntamente, al dinero de la prostitución amasado por su suegro en locales de alterne y saunas donde hombres y mujeres cobraban por sexo.

Lejos queda ya aquel movimiento que surgió contra cinco varones condenados en firme en el Supremo, por una violación grupal durante los sanfermines. Un caso que horrorizó a la sociedad entera y que sirvió para que Irene Montero y sus compañeras de Igualdad salieran a la palestra a denunciar la “cultura de la violación” y la necesidad de endurecer las leyes. Aunque a partir de un argumento falaz, porque en nuestro Código Penal el consentimiento siempre ha estado en el centro de los delitos contra la libertad sexual, nadie discutió la gravedad de lo ocurrido. Sin embargo, cuando años después estallaron casos que salpicaban directamente a la izquierda, el volumen de las críticas, los minutos de silencio o las batucadas contra “los machismos” bajó a cero.

Que se lo digan a Íñigo Errejón, exlíder de Más Madrid y otrora aliado del nuevo feminismo, acusado por la actriz Elisa Mouliaá de tocamientos y besos no consentidos en 2021. El asunto rellenó portadas durante semanas hasta tal punto que el niño bueno de la extrema izquierda populista se vio obligado a dimitir de sus cargos y aplicarse, a sí mismo, el correctivo que años antes exigía para otros. No obstante, el aparato mediático y político afín a Sumar y al PSOE optó por la contención más absoluta. Nada de campañas virales, nada de concentraciones frente a su casa, nada de exigir dimisiones inmediatas del entorno que lo arropó durante años y que calló los desmanes. La Fiscalía pidió el archivo de una causa que, con no pocas incidencias por los bandazos de la denunciante, sigue su curso judicial, pero el silencio feminista fue sepulcral desde las instituciones. ¿Dónde estaban las ministras que lloraron con Rubiales? ¿Dónde las influencers que llenaron las redes con hilos interminables sobre el miedo a no poder volver “solas y borrachas” a sus casas?

Un mismo patrón repetido con Paco Salazar -alto cargo socialista de máxima confianza de Pedro Sánchez, hasta que estalló el escándalo- del que varias mujeres denunciaron, internamente, comportamientos de acoso sexual y laboral en Moncloa y en el partido. Actitudes “babosas”, ambiente irrespirable, presiones y una bragueta díscola. Y, en cambio, las denuncias se congelaron durante meses en el canal interno de Ferraz e, incluso, algunas desaparecieron sin explicación aún cuando se destapó el caso. El ruido fue mínimo. Ni comparecencias estelares de ministras feministas pidiendo su cabeza, ni exigencias de auditorías internas, ni manifiestos colectivos. Salazar renunció a un ascenso, pero el partido lo protegió cuanto pudo y, de nuevo, el feminismo oficial miró para otro lado.

Idéntico rasero que el aplicado sobre otros nombres que han ido salpicando el mismo espacio ideológico: Luis Tomé, presunto acosador amparado por la cúpula socialista de Galicia; Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, alejado de sus funciones como profesor de la Universidad Complutense de Madrid, por los supuestos excesos cometidos en las tutorías con sus alumnas; el propio Pablo Iglesias, abanderado de los machos alfa que, en privado, pedía azotar a periodistas; o, más recientemente el ex Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional de Fernando Grande-Marlaska, tras aceptarse una querella por agresión sexual con penetración y abuso de autoridad, hacia una agente subordinada. Todos ellos realidades tangibles que se han solventado sin apenas una campaña de descrédito desde el #MeToo rojo y morado. En todos estos casos, la regla es la misma: minimizar, archivar, esperar a que pase el temporal. Cuando el machista es de los nuestros, el feminismo se vuelve sordo.

Esta doble vara de medir no solo es cínica; es profundamente lesiva para las víctimas reales. Porque al politizar la violencia sexual, al convertirla en herramienta de confrontación partidista, se trivializa el sufrimiento de las mujeres que, en ocasiones, muertas de miedo y a duras penas, denuncian a sus agresores. A ellas, en lugar de protegerlas, desde la tribuna política de la izquierda se les hace entender que su dolor solo importa si es útil para tumbar al adversario. Y, eso, no es feminismo. Es oportunismo machista disfrazado de sororidad.

El verdadero feminismo debería ser intransigente siempre, sin importar el color del carnet de quien se sobrepase. Debería exigir las mismas consecuencias para un violador de derechas que para uno de izquierdas. Debería gritar con la misma fuerza ante La Manada, porque hay un militar y un guardia civil entre sus miembros, que frente a cualquier caso que manche al bloque izquierdista. Porque mientras la causa de las mujeres siga secuestrado por una agenda política de pseudo lideresas que priorizan el rédito electoral antes que la Justicia, las víctimas de a pie, las que sufren la violencia en silencio, las mujeres sometidas y atemorizadas, seguirán asistiendo a un teatro grotesco: altavoces a voz en grito contra los hombres de derechas, todos ellos “potenciales violadores”, y silencio cómplice cuando el agresor es de la casa o de determinados países y religiones.

Las mujeres merecemos algo mejor que este feminismo de pacotilla, usurpado por quienes solo se preocupan de sí mismas. Merecemos coherencia, no manipulación. Merecemos que la lucha contra la violencia machista, la igualdad real en la práctica (porque en la ley es ya una evidencia) no se detenga en las fronteras ideológicas. Merecemos que las indocumentadas que se han aprovechado del dolor de otras para hacer caja se vayan a su casa, con la cabeza gacha. Merecemos que se diga alto y claro que para algunas se trata siempre del quién y nunca del qué para ese ‘feminismo’ de pancarta que, este 8 de marzo, se ha quedado sin crédito y sin pancarta. Falsas.